La plataforma de afectados exige a la Xunta un cambio legal para acabar con «a actual inseguridade xurídica»
12 may 2025 . Actualizado a las 14:07 h.La Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes cifra en catorce el número de ayuntamientos de la comunidad en los que las organizaciones comunales reclaman la titularidad de parcelas en manos de particulares y ayuntamientos que afirman habían sido explotadas anteriormente de manera vecinal y, por tanto, nunca perderán dicha condición, como establece la regulación legal para ese tipo de suelo. La plataforma de afectados atestigua que reciben de manera constante consultas a raíz de conflictos que están suscitando diversas organizaciones de montes de mano común, y pone nombres a esos focos donde asegura se están registrando dichos enfrentamientos. Además de Vigo y Mos, municipios en los que surgió la plataforma hace dos años y que más casos ha derivado hacia los tribunales, similares disputas asegura que han saltado en Caldas de Reis, A Fonsagrada, Guitiriz, Malpica, Ponteareas, O Porriño, Porto do Son, Salvaterra do Miño, Sanxenxo, Silleda, Taboada y Tomiño.
Las consultas a la Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes se incrementaron tras los últimos fallos judiciales que han dado la razón a quienes aseguran tener la titularidad de las fincas frente a las reclamaciones de los comuneros. Así ha ocurrido en las últimas semanas con una vivienda unifamiliar próxima al aeropuerto de Vigo y que fue construida en los años 50 del siglo pasado, o muy cerca de dicho punto con una nave industrial e incluso con parte de los terrenos en los que se asentará el crecimiento de la pista del aeropuerto de Peinador, pleitos todos ellos en los que no obtuvo la razón a sus demandas la Comunidad de Montes de Cabral.
El colectivo de afectados celebra que dichos fallos judiciales hayan cuestionado la validez de los planos de 1891 aportados por los comuneros, prueba fundamental en la que han venido basando sus demandas y defendiendo su derecho a conservar una titularidad que les otorga el aprovechamiento inmemorial de las parcelas, aunque estas dejasen de tener un uso forestal o vecinal. «O argumento das Comunidades de Montes para lograr a titularidade dos terreos e expulsar deles aos seus actuais propietarios, particulares ou empresas, é habitualmente o mesmo: que a titularidade do monte é delas dende tempo inmemorial e que esta quedou plasmada en levantamentos administrativos da última década do século XIX dos que só se conservan as libretas e os planos, pero dos que non consta a súa aprobación final». La plataforma de afectados considera que ha llegado el momento de llevar a cabo una reforma legislativa, que entienden debe de liderar la Xunta, para acabar con la inseguridad jurídica que advierten padecen quienes cuentan con propiedades o concesiones en las proximidades de las comunidades de montes.