En 1937, la guerra también se libraba en la retaguardia gallega. El periódico publicaba sanciones como la de «250 pesetas a Juan Montoto por propagar bulos» y otras tantas «a Manuela Dafonte por no cubrir el libro de viajeros» en su pensión. Pero normas o decretos de distinto pelaje, como el que ahora obliga a los hoteles a registrar más de 40 datos de sus clientes, ya habían inflamado de espíritu bélico años antes al gremio de fondistas.
Jesús Flores