El Ejecutivo opta por hallar un comprador, como hizo con las fábricas de A Coruña y Avilés
03 jun 2020 . Actualizado a las 21:42 h.«Estamos buscando inversores en este momento para salvar Alcoa», anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Realizó esta afirmación en respuesta a una pregunta del diputado mariñano del BNG, Néstor Rego, sobre la situación de la empresa. El Ejecutivo abre, de ese modo, la vía a la posible venta de la fábrica de aluminio de San Cibrao a otra compañía, como ya hizo hace un año para salvar del cierre las plantas de A Coruña y Avilés. Estas siguen activas, con más de 600 operarios en plantilla.
La crisis generada por la multinacional estadounidense con el anuncio de un proceso de despido colectivo que afectaría a 534 trabajadores de la división de aluminio primario en A Mariña lucense, fue objeto de debate este miércoles hasta en dos ocasiones en las sesiones del Congreso.
Sánchez señalaba en otro momento al diputado nacionalista que «desde el Gobierno estamos impulsando el diálogo con Alcoa para buscar una solución; estamos comprometidos con los trabajadores». Añadía el jefe del Ejecutivo que el pasado 28 de mayo «hubo diálogo con directivos de Alcoa» y se refirió también a la reunión que ayer mismo por la tarde se estaba celebrando entre el propio comité de empresa y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, vía telemática.
«Existe compromiso por nuestra parte», reiteró Pedro Sánchez, quien recordó que en dos años han concedido casi 38 millones de euros en distintas ayudas a Alcoa a cambio de que mantuviera el empleo e invirtieran en la renovación de la fábrica. «Exigiremos responsabilidades también a la empresa», apuntó el presidente del Gobierno.
En parecidos términos se pronunció esta semana la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego demandó en su intervención un precio competitivo de la energía en España para las industrias altamente dependientes de ese factor (como Alcoa) y una tarifa eléctrica propia para Galicia. Finalmente, Néstor Rego solicitó la intervención del Estado en Alcoa «y, de ser necesario, la nacionalización de la fábrica».
El tiempo corre y este jueves se cumple ya una semana del anuncio de despido colectivo, que acompañaría al cierre parcial de la planta de aluminio. Solo continuarían la fundición y la fábrica de alúmina, con unos 600 empleados.
La resolución de la crisis tiene visos de replicar lo ocurrido con las plantas de A Coruña y Avilés. Aunque aquella venta empezó bien, continuó regular, pues el fondo al que Alcoa le traspasó la propiedad a cambio de mantener empleos y actividad durante dos años acaba de revenderla al grupo industrial Riesgo, una maniobra que la propia multinacional rechaza.
El Gobierno convocará a la empresa, a la Xunta y a los sindicatos «ya»
Mientras comparecía Sánchez en el Congreso, el comité de Alcoa mantenía un encuentro telemático con el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Este se ha comprometido a convocar «ya» una mesa multisectorial con la presencia del Gobierno, de la Xunta, Alcoa y los sindicatos. Ahí esperan que la multinacional «diga si quiere seguir o no, claramente», señalaba José Antonio Zan, presidente del comité. «En función de lo que manifieste Alcoa, el Gobierno buscará una solución». El Ejecutivo maneja todas las opciones, pero la de entrar en el accionariado de la fábrica, como reclaman los sindicatos y el BNG, no sería la preferente. Blanco también les anunció que en dos semanas se aprobará el estatuto para las empresas electrointensivas.
Otros 600 antiguos operarios de la multinacional, en vilo
F. F.
Tres empresas distintas en menos de un año han gestionado las antiguas fábricas de aluminio primario de Alcoa en A Coruña y Avilés, con más de 600 operarios. La última, y actual, el grupo industrial Riesgo, que dirige las plantas desde abril, tras comprarle al fondo suizo Parter el 75 % de la participación en la compañía Alu Ibérica, nuevo nombre de las instalaciones. La multinacional del aluminio desautoriza esa operación de reventa, tras alcanzar un acuerdo con Parter en julio del 2019 por el cual el último se comprometía a mantener las fábricas durante al menos dos años. Pero, a los pocos meses las traspasó.
Alcoa le exige al fondo que o rompa con Riesgo o que lo obligue a cumplir los requisitos del pacto de la venta. La multinacional le ha dado de plazo hasta hoy, 4 de junio, para que haga o una cosa o la otra. Si lo hace, Alcoa liberará los fondos en custodia en un depósito notarial a favor de Alu Ibérica. Si no lo hace, Riesgo se quedará sin el dinero que Alcoa le prometió a Parter para sostener los gastos operativos de las plantas. Entre ellos, las nóminas. El acuerdo de venta fijó en cien millones los fondos que recibiría el nuevo comprador a cambio de conservar empleos y aplicar un plan industrial. La mitad los cobró ya en el 2019, así que quedarían otros 50 millones, que estarían retenidos en un depósito notarial. Los más de 600 operarios de Alu Ibérica percibieron la nómina de mayo con días de retraso. Riesgo culpó a Alcoa de esa situación.
El enfado del comité de A Coruña es tal que una representación ha iniciado un encierro en el consistorio hasta que el Ministerio de Industria fije «día y hora» para la reunión de la mesa estatal en la que se habrá de despejar el plan de futuro para la fábrica.
