La previsión es que el presunto autor de los hechos pase este viernes a disposición judicial en Viveiro
23 may 2025 . Actualizado a las 15:00 h.El detenido por el atraco, el pasado miércoles, en una sucursal bancaria de Burela utilizó para intimidar a los trabajadores del banco un arma de fuego larga, de tipo fusil. Es la hipótesis que maneja la Guardia Civil en la investigación del caso de acuerdo con el testimonio de las víctimas, y tras el visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento. Algunas fuentes apuntaban al uso de un cuchillo, lo que está descartado.
Se desconoce si esta arma era real o simulada, dado el nivel de precisión que tienen algunas réplicas de entrenamiento. Por el momento, no se pudo incautar arma alguna en el marco de las pesquisas, con la sospecha de que el presunto autor de los hechos pudo deshacerse de ella en algún momento de su huida.
El arrestado, un peruano de 43 años y empadronado en Vigo, fue interceptado en una actuación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en las inmediaciones de la estación de autobuses. Se había desplazado desde Burela a la Ciudad del Landro en taxi. La hipótesis es que tras el asalto intentaba huir de la comarca en un autobús, presumiblemente al lugar donde tiene registrado su domicilio. En la zona también hay taxis y baños públicos en los que el supuesto ladrón pudo cambiarse de ropa para evitar ser identificado.
Agentes de la comisaría viveirense lo interceptaron en las escaleras que conectan la Avenida de Benito Galcerán con un parque infantil, en el entorno de la estación de autobuses y de la rotonda que da acceso al centro de Viveiro desde Celeiro.
Pese al escaso botín que se llevó del asalto, 90 euros, y a que ninguno de los dos trabajadores que había en la sucursal sufrió lesiones físicas ni necesitó atención psicológica, ya que no hubo ni un forcejeo, el delito por el que se investiga inicialmente al arrestado, robo con intimidación, es uno de los más graves de entre todos los que tienen que ver con el patrimonio. El Código Penal entiende que al intimidar, amenazando con llevar a cabo un mal grave y posible, se produce un desequilibrio de poder que compromete la seguridad de las víctimas, generándoles incertidumbre. Las penas posibles oscilan entre los dos y los cinco años de prisión.
El detenido pasará previsiblemente este viernes a disposición judicial, encargándose del caso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Viveiro.