Los abogados de la madre que perdió la custodia por vivir en la «Galicia profunda»: «La jueza discriminó a nuestra clienta e insultó al medio rural»
MUROS
Claudia Traba Santos y Alejandro Zulueta Sánchez son los letrados de la mujer de Muros a la que una jueza de Marbella le retiró la tutela de su hijo
26 oct 2021 . Actualizado a las 11:03 h.Claudia Traba Santos (Fisterra, 1985) es abogada especializada en Derecho de Familia, y Alejandro Zulueta Sánchez (Vigo, 1984) es un experto penalista. Ambos son socios de PS Abogados, despacho situado en la calle Cronista Pacheco, en las inmediaciones de la plaza de Monforte y de los juzgados de A Coruña. Ambos ejercen la defensa de una mujer, natural de Torea, Muros, a la que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella, Málaga, María Belén Ureña Carazo, le retiró la custodia de su hijo, de apenas un año de edad, bajo el argumento de que reside en la «Galicia profunda» y no en la «cosmopolita» Marbella, como la define en un auto la magistrada.
Un escrito y una vista previa que la defensa de la mujer piensa recurrir esta misma semana después de presentar el pasado viernes una queja formal ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. «Solicitaremos la nulidad al entender que la jueza no actuó de forma imparcial», apuntó Claudia Traba Santos, quien añadió: «Lo que hizo esta jueza fue discriminar a nuestra clienta e insultar a la Galicia rural».
Todo este proceso arrancó a comienzos de septiembre cuando la mujer se puso en contacto con este despacho: «Cuando nos comentó su caso le recomendamos que pidiera una autorización para regresar a Galicia, pero la relación empezó a tomar unos derroteros perjudiciales por ambas partes. Como nuestra clienta no tiene vinculación emocional, laboral ni familiar con Marbella, ni tampoco medios económicos ni nadie que le ayudara, salvo el trabajo de su expareja, le dijo al padre que regresaba a Galicia, pero este se opuso. Le dijo: ‘No puedes hacerlo, no puedes irte'. Pero ella hizo lo que haría cualquiera que carece de medios económicos: regresar a la casa familiar, en este caso a la de su madre». Pero, según la defensa, el padre se opuso tajantemente a esta decisión: «Le dijo a nuestra clienta que el niño se tiene que quedar allí [en Marbella], cuando el padre trabaja por las mañanas y por las tardes». No contento con eso, el progenitor presentó «dos denuncias ante la Policía, que no llegaron a nada porque evidentemente ella le había comunicado de forma reiterada su decisión de regresar a Galicia», apuntó Claudia Traba, quien dejó claro que su patrocinada siempre le puso todas las facilidades a su ya expareja para que pudiera ver al niño siempre que quisiera: «Además de las dos videollamadas diarias, le dijo que viniera a Galicia cuando quisiera e, incluso, le facilitó una vivienda, prueba que fue admitida en el juicio, para disfrutar del niño. Él no trabaja los fines de semana y podía ir a visitarlo, pero él no quiso venir» a Muros. Durante la vista se expresó con «cierto sarcasmo», como corroboró Alejandro Zulueta. «La jueza le preguntó si había ido a ver al niño a Galicia y él [nacido en Canarias y con residencia en Marbella] le respondió: ‘¿A dónde? ¿A Coruña? ¿A Torea?'».
En la defensa llama la atención el poco arraigo que la ya expareja tenía con Marbella: «Ellos se trasladaron allí porque a él le hicieron una oferta laboral [es médico en el hospital de Marbella]», recalcó Alejandro Zulueta. Pero su compañera de despacho fue más allá en su argumentación: «Si la plaza que ocupa él sale a concurso público, mediante oposición, y la pierde, y lo trasladan, por ejemplo, a Barcelona, ¿tienen que ir el niño y la madre detrás de él, siguiendo la laboralidad del padre? No es justo». La demandada, supuestamente, intentó llegar a un acuerdo con su expareja, incluso antes de la ruptura definitiva: «Lo primero que le dijo fue que fuera arreglando los horarios de trabajo, porque trabaja de mañana y de tarde. Y cuando los arreglara se presentaría una demanda conjunta, pero él insistió en que ella no se podía marchar de Marbella. La sorpresa fue que estábamos recopilando información para presentar la demanda, y él ya nos había demandado. Y en lugar de la demanda de medidas paternofiliales, presentó medias previas, como urgentes».
Tras la celebración de esta vista previa la sorpresa para los letrados vino cuando recibieron el auto judicial: «A nosotros se nos aceptaron las pruebas en el juicio, pero se ignoraron por completo en el auto».
La abogada mostró su malestar con esta resolución: «Se acreditó que el padre trabajaba por las mañanas y por las tardes. Se acreditó que la pareja en su día acordó que ella no trabajaba para cuidar del niño, mientras que él sí lo haría. Se acreditó que el progenitor precisaría de ayuda para cuidar al niño, pero lo sorprendente es el argumento de lo de la ‘Galicia profunda' y las descalificaciones hacia la madre» por parte de la magistrada: «La vista fue un despropósito, algo kafkiano», incidió Alejandro Zulueta, quien añadió: «La jueza hace el trabajo de la defensa. La abogada del padre hace su trabajo, pero la jueza se lo completa». Para los dos letrados la juzgadora no fue imparcial. Para colmo, su patrocinada señaló en la vista que estaba buscando empleo, y que por sus características profesionales y laborales podría trabajar desde casa, teletrabajando, y la jueza, presuntamente, le contestó: «Entonces, ¿por qué usted no viene a Marbella? Puede estar en Marbella».
Claudia Traba y Alejandro Zulueta dejaron claro que en su vida profesional jamás se encontraron con un auto de estas características: «No, nunca». Y esgrimieron: «Hubo ensañamiento dialéctico... Son cuatro líneas de descalificaciones hacia nuestra patrocinada». Términos como «Galicia profunda», así lo atestiguan, según comentaron los abogados. «Objetivamente no tiene cabida en una resolución el uso del término ‘Galicia profunda' o que ‘Marbella es mejor que la Galicia profunda'». Y ya no hablamos de las descalificaciones personales».
A la vista de estos hechos, además de la queja ya presentada ante el comité de disciplina el Consejo General del Poder Judicial, Claudia Traba y Alejandro Zulueta piensan solicitar la nulidad del auto y de la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella: «Es evidente que [la juzgadora] tiene una serie de prejuicios contra Galicia y tiene prejuicios contra nuestra clienta. Solo buscamos un juez, o una jueza, imparcial, nada más».
También ofreció su versión de esta resolución judicial, la abogada del padre, Lola Casares Tejada, especialista en Derecho de Familia desde hace 25 años:«El auto en sí trata una realidad social importante, que se da con bastante frecuencia, como son los traslados ilícitos dentro del territorio nacional». Y aclaró: «Estamos ante un traslado del lugar de residencia del menor a otro diferente, sin consentimiento del padre, que tiene la patria potestad, y, en su defecto, sin la autorización judicial. Estos han sido los parámetros en los que cuales se ha dictaminado este auto. Si se hubiera actuado de otra forma seguramente la resolución hubiera sido diferente. Estamos ante un caso en el que estas cuestiones se han obviado. Tengo que recabar que lo que se ha dictado es un auto dentro de medidas provisionales, es decir, queda una vista principal. Y también tengo que aclarar que, con anterioridad a la celebración de la vista, se ofrecieron diferentes posibilidades a la madre: se le ofreció una custodia compartida, que rechazó de plano y eso es de lo que trata este auto». Lola Casares declinó hacer valoraciones en relación al término «Galicia profunda». Sí comentó, a título particular, que su familia paterna es gallega, en concreto de Santiago. «Mi bisabuelo fundó una farmacia y tengo muchísima familia viviendo en Vigo. Se obró en el sentido de una cuestión en la que cada uno se puede sentir aludido en la medida que quiera».
La magistrada y la abogada del padre pertenecen a la misma plataforma judicial
La jueza María Belén Ureña Carazo y la abogada Lola Casares Tejada, que ejerce la defensa del padre que obtuvo la custodia del menor, pertenecen a la asociación Plataforma Familia & Derecho. La juzgadora lo hace en calidad de vocal de la junta directiva. La letrada, por su parte, es socia de la entidad.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declinado hacer valoraciones sobre el auto. Consideran que la magistrada tiene, «como no podía ser de otra forma», total independencia para desempeñar su trabajo e instaron a la gallega afectada a recurrir a los órganos judiciales superiores. El Tribunal Superior de Xustiza se remitió a lo que pudieran decir los órganos andaluces.
Duras críticas a la jueza
Juristas y políticos califican el auto de «intolerable y ofensivo» y la Xunta dice que cualquier lugar de la comunidad reúne las condiciones para educar a un menor
Las reacciones al auto han sido unánimes. Expertos juristas, políticos y entidades como la asociación Clara Campoamor, no salen de su asombro. Califican los argumentos de la juez de inauditos, ofensivos, intolerables, atroces, propios de «una persona ignorante y poco viajada». La Consellería de Emprego e Igualdade, a la espera de estudiar el documento judicial, afirmó que «calquera lugar de Galicia reúne as condicións socioeconómicas para educar a un menor».
Se trata de «una perla jurídica» que surge cada tres o cuatro años, asegura el especialista en Derecho Familiar, Bermúdez de Castro, para quien el auto de la titular del juzgado marbellí contiene anomalías como dejar a un lado el interés del menor, «realizar un agravio comparativo entre comunidades autónomas y vulnerar artículos esenciales de la Constitución».
Para el miembro de Jueces para la Democracia, Xermán Varela, la expresión «Galicia profunda» es «ofensiva e intolerable» además de que la valoración negativa del medio rural «é discutible». Varela reconoce que en estos procesos «non é criticable que o xuíz analice o espazo socioeconómico dos proxenitores, ten que facelo», pero cuestiona la forma de argumentarlo. Aunque la defensa de la mujer ya anunció que presentará una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, los letrados consultados creen que el órgano de gobierno de los jueces debe «tomar cartas en el asunto y abrir un expediente disciplinario» a la jueza de Marbella.
También la asociación Clara Campoamor se ha pronunciado. Su presidenta Blanca Estrella se mostró muy crítica con que no prevalezca el interés del niño, «si está mejor con su padre o con su madre», y mostró su perplejidad por «el insulto innecesario» a Galicia, al tiempo que puso la asociación a disposición de la afectada.
Políticos de distinto signo han expresado su malestar con el auto. La portavoz del BNG, Ana Pontón, entiende que los razonamientos de la jueza «non se poden permitir! Pola dignidade de Galiza, desa muller e dese neno», dijo en Twitter. El socialista Pablo Arangüena afirmó en un tuit que «no le vendría mal a parte de la judicatura pasar en Galicia un verano».
