Los jueces mantienen la imputación de 11 políticos en el actual mandato
CARBALLO
Los exalcaldes de Malpica y Vimianzo, también afectados, ya abandonaron
05 jun 2014 . Actualizado a las 19:17 h.Un total de 11 ediles de la Costa da Morte, tres de ellos alcaldes en estos momentos, están pendientes que se resuelvan causas judiciales por la que están imputados, en su mayoría por tráfico de influencias y prevaricación, aunque el catálogo presuntamente delictivo es variado.
El principal proceso, la operación Orquesta, afecta al alcalde de Fisterra, José Manuel Traba; sus ediles Santiago Insua y Ramón Redonda, además del exregidor de Cee Ramón Vigo y los ediles de esta corporación Pilar Iglesias y Juan Bautista Areas, además de al alcalde de Corcubión, Francisco Javier Lema. Fueron imputados ya antes de las elecciones y ahora están a la espera de que se resuelvan los recursos ante la Audiencia Provincial para ver si la Fiscalía formula acusaciones y se abre el juicio oral. Ninguno de los abogados consultados considera probable que el caso se resuelva antes de los próximos comicios. Habrán pasado ya más de cuatro años desde que se produjeron las detenciones en Cee y Fisterra, además de en el vecino Concello de Mazaricos.
Otro asunto que va camino de eternizarse es el de las supuestas negociaciones prohibidas por el que está imputado el alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso, desde el año 2011, merced a una denuncia del PP. El conocido como caso de los seguros sigue todavía en fase de instrucción y pendiente de informes policiales.
Ocurre algo parecido con el sobrecoste de la Casa da Cultura de Vimianzo, que tiene inmerso en el proceso judicial al edil del PSOE, José Antonio Miñones, y al exalcalde Alejandro Rodríguez, que también está imputado después de que lo denunciase el BNG por las obras adjudicadas justo antes de las elecciones.
En este municipio, el portavoz de IxV, Manuel Soto, también resultó imputado por una supuesta revelación de secretos y entre los exregidores con causas pendientes, destaca el malpicán José Ramón Varela, que renunció a su acta nada más perder las elecciones pero, a posteriori, resultó denunciado por la recalificación de un terreno rústico con protección de Costas en la zona de la Atalaia, un caso que data del año 2003.
Completa esta nómina el edil del PSOE de Corcubión, José Antonio Louro, aunque su imputación nada tiene que ver con la labor política, sino con su trabajo bancario en relación con el caso Maceiras.
También están siendo investigados el alcalde de Coristanco, Antonio Pensado, por supuesto trato de favor a tres empresas, y el teniente de alcalde de Corcubión, Manuel Insua, por autorizar el pago del abogado al regidor en un proceso judicial aún por resolver.