Ruiz-Mateos, condenado a tres años de cárcel y 21.600 euros de multa por fraude en una agencia de viajes
ECONOMÍA
El conocido empresario José María Ruiz-Mateos ha sido condenado a tres años de cárcel y 21.600 euros de multa como autor de un fraude contable con el patrimonio de la agencia de viajes Mundo Joven, que desembocó en su declaración de quiebra voluntaria. No obstante, el ex propietario del Grupo Rumasa, de 73 años y con un estado de salud delicado, recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo para no tener que ingresar en prisión, al menos, hasta dentro de un año y medio, tiempo que tardarían los magistrados en revisar su caso. En el fallo hecho público ayer, la Audiencia Provincial de Madrid también impone sendas penas de dos años de prisión y 4.800 euros de multa a los otros tres acusados (Enrique Coca, Carlos Solana y Antonio Sánchez), a quienes se considera colaboradores de Ruiz-Mateos en los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Sin embargo, no se pronuncia sobre la responsabilidad civil reclamada (1,1 millones) porque, según reconoce la propia Fiscalía, «no procedería» si la jurisdicción civil confirma que se ha devolver a la agencia su principal y casi único patrimonio: un céntrico inmueble. Beneficio ilícito Los jueces sostienen, en los fundamentos jurídicos de su sentencia, que los cuatro condenados se pusieron «de acuerdo», con el «ánimo de obtener un beneficio ilícito», para comprar la agencia Mundo Joven, objetivo que lograron en diciembre de 1998 por un precio simbólico (una peseta por acción, para un total de 600 pesetas), debido a que la sociedad acumulaba una deuda superior a los 4,2 millones de euros. Después, mediante una serie de operaciones interpuestas, vendieron a la Caja de Castilla-La Mancha su sede en la calle madrileña de Alcalá, por la suma citada de 1,1 millones. La acusación sostuvo en el juicio que fue esta actuación la que precipitó la quiebra de Mundo Joven, al venderse su principal recurso financiero. Ruiz-Mateos, sin embargo, alegó ayer que jamás ha sido propietario, ni directa ni indirectamente, de esta sociedad. A través de un comunicado, el empresario adujo en su defensa que sólo se ofreció para ayudar a un hijo de un ex colaborador a conseguir un comprador para un inmueble, e insistió en su queja recurrente en otros procesos de que sufre una campaña de persecución. La relación del empresario con los tribunales durante los últimos 15 años ha sido prolija. Su principal pleito fue el derivado de la expropiación de Rumasa.