Pescanova quebró por una financiación irregular planificada de forma consciente
ECONOMÍA
Los administradores, bajo el control último de Sousa, falsearon la situación contable al menos desde el 2009 al 2011, según el juez
17 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco años de investigación ha necesitado la Audiencia Nacional para poner en claro las causas y los responsables de la insolvencia de Pescanova, declarada en quiebra en el 2013, con una deuda de 3.600 millones de euros.
El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado José de la Mata el 11 de junio es contundente al considerar como un hecho acreditado la presunta falsedad de las cuentas de la compañía, al menos entre los años 2009 y 2011 (una dinámica que continuaba en las cuentas preparadas para el 2012, que el consejo no logró aprobar).
«Sus administradores, en responsabilidad compartida con los auditores, habrían aprobado una contabilidad maquillada sobre la verdadera situación de las entidades» que regentaban, dice el texto judicial. Es el argumento más reiterado durante los 150 folios del documento en el que queda claro que «los hechos, operativas y prácticas desarrollados por el grupo Pescanova no fueron fortuitos, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente, durante años», y todo ello bajo el control último de su presidente entonces, Manuel Fernández de Sousa, para quien se solicitan 31 años de prisión y 21 millones de euros de multa. El auto abre juicio además a otros 18 investigados (personas físicas) que en total se enfrentan a 146 años de prisión.
¿Qué pruebas tiene el juez de la financiación irregular de Pescanova?
La investigación recogida en el auto constata que los responsables de Pescanova en el momento de la quiebra utilizaron hasta 15 sociedades instrumentales, todas ellas ficticias, sin actividad real y constituidas específicamente «para esta actividad criminal», con la única finalidad de registrar operaciones comerciales inexistentes, generar facturación ficticia, obtener descuento y registrar en la contabilidad resultados de explotación falsos. «Toda esta operativa se realizaba mediante transacciones en donde no existía mercancía real», por lo que, además de generar financiación bancaria, crearon resultados no reales en los registros contables. ¿Cómo de irreales? A 31 de diciembre del 2010, Pescanova declaraba una deuda financiera de 540 millones, pero en realidad era de 2.510 millones, una suma que al cierre del 2011 superaba los 2.706 millones de deuda, mientras que el balance que Pescanova presentaba a bancos y accionistas se quedaba en 688 millones. Constata el auto que Pescanova recurrió además a otra práctica irregular, consistente en la utilización fraudulenta de las líneas de factoring, «descontando en muchos casos en los bancos facturas emitidas por ventas inexistentes o facturas duplicadas o ya descontadas en otros». La investigación evidencia que del 1 de febrero del 2012 al 6 de marzo del 2013, la cantidad de facturas no coincidentes era de 37.783, por una suma que ascendería a 487,4 millones de euros. ¿Cuándo empezó? «La situación financiera y patrimonial negativa se retrotrae, al menos, al 2009, consignando una deuda financiera de 749 millones, cuando la misma, en realidad, era de 2.514 millones».
¿Quién ideó la trama y quienes participaron en el maquillaje contable?
Hay 19 investigados, desde los miembros del consejo de administración, hasta los departamentos financieros del grupo, pero dice De la Mata que «dada la estructura jerárquica de la empresa, esta actuación fraudulenta no se pudo desarrollar sin conocimiento de su presidente, Manuel Fernández de Sousa». Ahora bien, dicho esto, el magistrado también apunta que «el mecanismo se implementó con perfecto conocimiento de diferentes empleados de Pescanova, mediante una perfecta estructura de tareas a realizar, y reparto de funciones entre cada uno de ellos y la estructura jerárquica existente». En este presunto delito de falsedad en documento mercantil, en distinto grado de implicación acompañan a Fernández de Sousa, según el auto, Antonio Táboas Moure, Alfredo López Uroz, Joaquín Viña Tamargo, Ángel González Domínguez, José Manuel Gil González, Carlos Turci Domingo, Camilo Rodríguez González, Javier Fernández Corujeira, Francisco Javier Retamar Docal, Manuel López Rodríguez y Antonio Casas Salmerón.
¿Qué indicios probarían el delito de estafa a los más de 9.000 accionistas?
Ante la situación crítica de los balances, el 2 de julio del 2012, el consejo de Pescanova aprobó una ampliación de capital de 124,9 millones de euros. El auto de apertura de juicio considera probado que, para tal fin, Pescanova remitió a la CNMV los preceptivos informes «consignando importes millonarios en las partidas de fondos propios y resultado del ejercicio, y omitiendo el importe real de la deuda financiera. Ocultando, en definitiva, su situación de insolvencia». Estos hechos se agravan con la posterior venta de acciones realizada por varios de los imputados haciendo uso de información privilegiada. Dice el juez que, conocedores de la insostenible situación de insolvencia de Pescanova, en fechas inmediatas a la declaración del concurso de acreedores, Fernández de Sousa, Alfonso Paz Andrade, José Antonio Pérez Nievas, «procedieron a la venta de diferentes paquetes de acciones evitando así pérdidas millonarias».
Y todo esto, ¿por qué? ¿Cómo llegó Pescanova a la quiebra, según el auto?
El origen, según recoge el texto judicial, está en el intenso plan de inversiones acometido entre el 2007 y el 2012, por 883,8 millones de euros. Inicialmente, esas inversiones se financiaban mediante créditos del propio grupo. Desde el 2010, la investigación constata un incremento de la financiación exterior, con préstamos de los bancos. Las cosas no fueron bien, algunos proyectos no generaron los flujos de caja previstos y «la financiación externa fue aumentando el nivel de endeudamiento de Pescanova a límites de riesgo muy elevado». Ese fue el principio del fin. «Para sortear la situación y seguir obteniendo financiación, algunos responsables de Pescanova decidieron acometer prácticas comerciales irregulares, aún a sabiendas de que, con ellas, inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a sus inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador», dice el auto.
