El macrojuicio arranca en Madrid con 20 procesados, 1.800 personados, medio centenar de testigos y tres informes periciales en busca de responsables a un agujero de casi 4.000 millones
02 dic 2019 . Actualizado a las 11:23 h.Seis años largos ha tardado la Justicia española en tratar de determinar quién tuvo la culpa de la quiebra del grupo Pescanova en el 2013. Tras una larga investigación judicial, dilatada por eternas comisiones rogatorias a paraísos fiscales, el juicio a los acusados de un desfase contable que dejó un agujero de 3.600 millones de euros, atrapó a más de 9.000 pequeños accionistas y llevó al grupo pesquero al borde de la liquidación arranca hoy, a las 10 de la mañana, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en donde se celebran las macrocausas.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es quien juzga la causa, en la que, según fuentes judiciales hay alrededor de 1.800 personados, una cifra que todavía podría ser mayor, ya que los abogados de la acusación prevén que se sigan sumando afectados hasta el día de la sentencia.
Estas fuentes explican que los embargos ejecutados a los encausados superan los 150 millones de euros, entre dinero y bienes patrimoniales.
El proceso que hoy arranca prevé la comparecencia de más de medio centenar de testigos, aunque fuentes de la acusación aseguran que no serán estos testimonios, sino los informes periciales, los que resultarán claves para determinar las responsabilidades.
Nuevos informes
Al informe forense de KPMG, que ha sido la base sobre la que se ha sustentado toda la investigación judicial, se han sumado en las últimas semanas dos nuevos documentos, que presentará la acusación del fondo de inversión Luxempart: un informe pericial económico, firmado por Accuracy; y un segundo estudio rubricado por el profesor doctor Germán López Espinosa, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, ambos encaminados a probar las supuestas deficiencias de la labor auditora de BDO en Pescanova.
Fuentes del proceso que se abre a las 10.00 con el planteamiento de cuestiones previas (no se esperan declaraciones de acusados hoy) prevén un juicio largo, en el que las partes intentarán alargar el procedimiento, cuya fecha de conclusión se estima para finales de marzo (el 26 de ese mes está prevista la última declaración).
El auto de apertura de juicio oral del pasado 11 de junio del 2018 concluyó que Pescanova quebró por una financiación irregular planificada de forma consciente. Según el juez, los administradores, bajo el control último de su presidente, Manuel Fernández de Sousa, falsearon la situación contable al menos desde el 2009 al 2011.
Pero el negocio puesto en marcha en 1960 continúa en pie, y ese es el argumento al que se aferra De Sousa, para pedir su libre absolución como responsable de la insolvencia de la empresa declarada en quiebra con una deuda de 3.600 millones de euros.
Pruebas de inocencia
La defensa del expresidente del grupo pesquero alega al respecto que Pescanova fue víctima de un proceso piramidal insostenible alimentado por los bancos, a los que responsabiliza del endeudamiento del grupo. Niega la práctica de una financiación irregular y arremete contra las entidades financieras por haberse beneficiado de esta situación.
El expresidente de la vieja Pescanova es el principal procesado, por ser el único que acumula nueve delitos por los que será juzgado: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa para captar inversores, estafa a entidades financieras, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor.
Por todo ello, se expone a penas que suman 31 años de prisión, y a algo más de 22 millones de euros de multa. Junto a él, 18 personas físicas (además de 12 jurídicas) de su máxima confianza vinculadas a los órganos de dirección se enfrentan también a peticiones de cárcel que juntas suman 133 años.
Además, el proceso podría acabar con hasta cuatro miembros de la misma familia de Manuel Fernández de Sousa en la cárcel.
La peor parte se la lleva su hijo mayor, Pablo Javier Fernández Andrade, para quien el fiscal pide diez años y medio de condena por falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, delito continuado de estafa y otro de insolvencia punible.
Demasiado tiempo
Para la esposa del expresidente de Pescanova, María Rosario Andrade Detrell, la condena solicitada es de tres años por alzamiento de bienes o blanqueo.
¿Qué esperan los abogados de las partes del juicio que arranca esta mañana? «Ha pasado demasiado tiempo», dicen fuentes de la defensa de los propios encausados, «pero es lo habitual en este tipo de macrojuicios. Acaba de finalizar el de Bankia que empezó en el 2012», aclaran.
«La espera ha sido excesivamente larga. Alguno de los accionistas minoritarios personados han fallecido esperando recuperar su dinero, pero aún así confiamos en las pruebas periciales, porque los informes son contundentes», aseguran fuentes de la acusación.
Ninguno de los procesados está en Nueva Pescanova, el grupo refundado tras el concurso
Ninguno de los procesados está hoy en Nueva Pescanova, la sociedad constituida tras la quiebra, con la banca acreedora al frente. Fernández de Sousa sigue siendo el inversor mayoritario de Pescanova SA, el reducto del viejo accionariado que quedó diluido en una ampliación de capital que la Justicia considera legal a todas luces, y que podría llevar a esta sociedad de cartera, que apenas pesa un 1,6 % en Nueva Pescanova, a su desaparición.
Pero el escrito de defensa salpica a Nueva Pescanova, sociedad que considera «heredera de un negocio en marcha, con una marca líder en España y en otros países, así como con activos estratégicos de indudable valor», asegura. Por ello solicitó «la necesaria convocatoria a juicio» de la nueva sociedad como investigada. También pidió la citación como testigos del presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto, y del consejero delegado, Ignacio González.
