El atasco burocrático deja sin acceso a la red a 22 parques eólicos en Galicia
ECONOMÍA
La Xunta sigue tramitando los proyectos, que podrían abastecer 476.000 hogares
06 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.A pesar de los esfuerzos por llegar a tiempo, el pasado 25 de enero 19 proyectos de parques eólicos de compañías como Enel, Green Capital o Greenalia perdieron su licencia de acceso y conexión a la red eléctrica en Galicia. Otros tres parques —de los que la Xunta dice no tener datos— también se quedaron por el camino por no cumplir hitos posteriores a la fecha.
Los cuellos de botella en las Administraciones, desbordadas con la gestión de los expedientes acumulados y los entrantes, dejaron a sus promotoras con la miel en los labios y a la comunidad sin un total de 476,2 megavatios (MW) de potencia instalada, según cifras facilitadas por la Xunta. Esa cantidad sería suficiente para abastecer a unos 476.000 hogares. «Sí, existen bastantes proyectos que han perdido acceso, principalmente por no haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y alguno, en este caso muy pocos, por no haber obtenido la Autorización Administrativa Previa (AAP)», reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica.
A pesar de que tanto la costa como las montañas galaicas están salpicadas de grandes aerogeneradores, hay todavía tres comunidades que aprovechan más la energía del viento. Son Castilla y León (6.507 MW), Aragón (4.921 MW) y Castilla-La Mancha (3.949 MW).
Galicia dispone en la actualidad de 3.863 MW, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). A esa cesta, que podría abastecer a toda la cornisa cantábrica —funcionando a toda potencia—, hay que sumarle los 1.958 MW que se instalarán en los próximos años —vinculados a los 75 parques eólicos que la Xunta sí autorizó in extremis antes de que caducasen las licencias de conexión a la red. Eso, si logran sortear las paralizaciones cautelares que ha decretado en los últimos dos meses el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Ahora se está a la espera de su despliegue, que deberá estar listo para el 2025. Pero, ¿qué va a pasar con esos 22 expedientes que no se pudieron autorizar a tiempo a causa de los atascos en la Administración?
Según confirman desde el Ejecutivo autonómico, al menos los expedientes de 19 parques «continuarán a ser tramitados» con arreglo a la normativa de la Ley 7/2022 del pasado 27 de diciembre, en la que la Xunta se comprometía a seguir examinándolos aunque les caducase la licencia de acceso.
Se trata de la misma norma que han tenido que reinterpretar recientemente el Gobierno central y el autonómico para blindar al Estado ante posibles demandas judiciales por parte de los promotores afectados por las dilaciones en la Administración. «A norma non queda sen efecto, pois continúa plenamente en vigor. O Estado recoñece a súa constitucionalidade [...] As declaracións previstas no precepto continuarán emitíndose —sen efecto xurídico—», puntualizan desde la Xunta.
En otras palabras: esas solicitudes para autorizar los parques se van a resolver, pero no tendrán efecto en caso de ser positivas.
Tramitación «imposible»
El Gobierno gallego desplegó a finales del 2022 esta norma para tratar de ganar más tiempo en vista el colapso administrativo y del rechazo del Gobierno central a conceder una nueva prórroga a las licencias de acceso a la red, que caducaron el pasado 25 de enero.
«Pretende dar unha solución á situación creada pola fixación na normativa legal do Estado duns fitos para a tramitación dos proxectos eólicos imposibles de cumprir e que provocaron unha avalancha de solicitudes sen precedentes», justifican desde la Xunta.
Todavía está por ver si este acuerdo entre Administraciones para dejar sin efecto legales la norma es recurrido por los afectados y en qué medida podrían manifestarse los jueces.
Por el momento, los parques no podrán iniciar su despliegue al no disponer de las licencias de acceso y conexión a la red, a menos que se presenten —de celebrarse— a alguna subasta del Estado y consigan una.
Vigencia de seis años
Hasta entonces, puede pasar mucho tiempo, haciendo necesaria incluso una revisión del proyecto. En caso de que un promotor obtenga una declaración favorable —sin efectos jurídicos— por parte de la Administración autonómica, ¿por cuánto tiempo será válida? Según aclaran desde la Xunta, «la vigencia de la misma de acuerdo con la Ley 21/2013 es de seis años». Ese es el tiempo del que dispondrán los promotores para conseguir la licencia de conexión de sus parques a la red.
En cuanto a las garantías depositadas por los interesados, el Ejecutivo autonómico aclara que devolverán las mismas si, al revisar los expedientes se demuestra que el proyecto no llegó a tiempo «por causas non imputables ao promotor».
Casi el 70 % en Pontevedra
Hasta 13 de los 19 parques de los que el Ejecutivo autonómico dispone de datos y perdieron la licencia el 25 de enero se concentran en la provincia de Pontevedra. El mayor de ellos, bautizado como Anduriña, lo presentó Green Capital Power y tenía previsto instalar 41,4 MW de potencia. Es precisamente la filial del grupo Capital Energy la más damnificada por las tardanzas administrativas.
No obstante, el proyecto más grande que ha quedado en barbecho es el que Enel Green Power España quería levantar en el municipio coruñés de Ordes: el Monte San Bartolomé (46,2 MW). La provincia ha perdido otros dos parques (Abrente y Porto do Son). En el caso de Lugo, esa cifra se reduce a dos (Picato-Cotorroso) y A Pena.