María Jesús Montero, nueva vicepresidenta con el sudoku de la financiación autonómica y la reforma fiscal como retos
ECONOMÍA
Junto a la tensionada negociación de los recursos territoriales, también tendrá que embridar deuda y déficit
20 nov 2023 . Actualizado a las 17:31 h.La legislatura que ahora comienza no será precisamente relajada para la titular de Hacienda. María Jesús Montero (Sevilla, 1966) es, además de vicesecretaria general del PSOE y una de las artífices de los acuerdos que han reeditado el Gobierno de coalición socialista, uno de los rostros más conocidos del Ejecutivo. No en vano Pedro Sánchez le encomendó la portavocía del Ejecutivo entre enero del 2020 y julio del 2021, además del Ministerio de Hacienda, en el que repite. En el Consejo de Ministros de La Moncloa desembarcó en el 2018 como «cuota» andaluza, el granero principal de los votos socialistas, y en esta legislatura también será una de las cuatro vicepresidentas del nuevo Gobierno de coalición, concretamente la cuarta.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, además de técnica en Función Administrativa de Hospitales, Montero desempeñó diversos cargos en el Ejecutivo autonómico, entre ellos los de consejera de Salud primero y de Hacienda y Administración Pública, antes de llegar al Gobierno central. De la mano de Pedro Sánchez fue ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno y en la remodelación de julio del 2021 su cartera se amplió con la de Función Pública.
La hoja de ruta de Montero en la pasada legislatura contaba con dos hitos irrenunciables que, sin embargo, el estallido de la pandemia en marzo del 2020 obligó a aplazar. Y es que en un contexto de crisis sobrevenida y de cerrojazo forzado de la actividad económica, no era el momento de abordar las que debían ser las estrellas de las reformas del período: una transformación en profundidad del andamiaje fiscal español, para adaptarlo al siglo XXI y gravar adecuadamente las actividades emergentes y globales; ni tampoco para abrir el melón del delicado sistema de financiación autonómico, de cuya reforma ya había desistido también su predecesor en el cargo, el ministro de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.
Lo que sí hizo la titular de Hacienda —a diferencia de Montoro, que convirtió los Presupuestos Generales del 2018 en los más prorrogados de la historia— fue sacar adelante las cuentas públicas año a año, a excepción de las del 2024, que el calendario de las investiduras tras las elecciones generales de julio ha obligado a retrasar. Sin embargo, la ministra ya ha anunciado que la demora será la mínima posible, aunque no sea posible que entren en vigor el mismo día 1 de enero.
No en vano las cuentas estuvieron encima de la mesa de negociación con los diferentes grupos políticos —con independentistas catalanes y nacionalistas vascos a la cabeza— durante la búsqueda de apoyos a la investidura de Sánchez.
Y lo estuvieron porque la mayoría de los pactos clave alcanzados inciden directamente en recibir más dinero de las arcas del Estado, de cuyo flujo de ingresos y gastos se encarga el ministerio de Montero. Más allá de los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, que Sánchez ya ha avanzado que incluirán la prórroga del IVA reducido o inexistente para los alimentos básicos (hasta junio, al menos) o transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados a partir del 1 de enero, entre los retos inmediatos de la ministra está recuperar la reforma fiscal que el covid obligó a aparcar.
Es cierto que algunas medidas tributarias ya se han ido aprobando en la legislatura pasada, incluyendo pasos en el camino hacia la armonización de algunos impuestos, como es el caso del de patrimonio, con la sentencia del Constitucional a favor del gravamen a las grandes fortunas, que ha llevado a la Xunta y a la Comunidad de Madrid a revertir las bonificaciones para retener en las arcas regionales la recaudación.
Cambios fiscales de calado
Pero restan cambios de calado, como los que antes de la pandemia planteó el comité de sabios al que el Ministerio de Hacienda encargó la redacción de una batería de modificaciones con las que adaptar la recaudación fiscal a las transformaciones económicas del siglo XXI, en un mundo digitalizado y sin fronteras para la actividad.
La de modificar la tributación -el delicado anuncio de subir impuestos, sea cual sea el colectivo al que afecte, desde la banca o las eléctricas a las grandes fortunas- no será la única tarea que deberá asumir Montero. Y es que desde Hacienda también tendrá que ponerse a la complicada tarea de embridar las cuenta públicas para cumplir las reglas fiscales que la Unión Europea decidió suspender hace tres años, para que los Estados pudiesen hacer frente a las descomunales necesidades de gasto que generó la pandemia primero y después la guerra de Ucrania y la crisis inflacionaria.
Dado que la UE tiene previsto reactivar la disciplina fiscal el próximo ejercicio, Montero tendrá que ponerse inmediatamente a elaborar el techo de gasto, previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, adaptado a ese mandato europeo de no rebasar el 3 % de déficit público y rebajar la deuda, actualmente por encima del 100 % del PIB. Ambos compromisos ya se enviaron a Bruselas el mes pasado y, de cara a la aprobación de las cuentas del Estado para el 2024 habrá que hilar fino para recabar los apoyos parlamentarios que les permitan ver la luz, tensionados por las exigencias de los independentistas catalanes o el PNV, como socios más combativos en el plano económico. No en vano está pactada la condonación de 15.000 millones de deuda autonómica a Cataluña, por ejemplo, una medida que, a falta de ver su concreción y extensión al resto de territorios, ya ha generado duras críticas.