Trabajo prohíbe pagar y contratar por menos del salario mínimo del 2024
ECONOMÍA
Avisa a las empresas de que la Inspección de Trabajo vigilará que los trabajadores reciban «puntualmente» la remuneración pactada, de al menos 1.134 euros al mes
23 ene 2025 . Actualizado a las 17:47 h.Apenas unas horas después de que decayera el decreto ómnibus y, con él, la obligación de cumplir un salario mínimo (SMI) de 1.134 euros al mes —el mismo que en el 2024 a la espera de que se apruebe la nueva subida—, el Gobierno mueve ficha rápidamente para proteger a los más de 2,5 millones de trabajadores que cobran esta renta mínima por un empleo a tiempo completo y evitar, al mismo tiempo, que los nuevos contratos se firmen con remuneraciones más bajas. La clave está en que, a día de hoy, España no tiene fijado un salario mínimo por ley al naufragar la prórroga del SMI del 2024.
Así, el ministerio liderado por Yolanda Díaz, a través de la dirección general de Trabajo, emitió este miércoles a mediodía un «criterio interpretativo», que puede consultar aquí, por el que advierte que «la desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado» y, por tanto, sostiene que las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en el 2024, es decir, que esté por debajo de los 1.134 euros al mes repartidos en catorce pagas.
Además, Trabajo avisa de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilará que las personas trabajadoras reciban «puntualmente» la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial.
Los sindicatos avisan de que no se quedarán parados
El revés en el Parlamento ha encontrado una rápida reacción también en los sindicatos, que han avisado de que «no se quedarán parados». Así, según informa Europa Press, este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado pactar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «la semana que viene a más tardar» y, preguntado por si queda desierto tras la derogación del decreto ómnibus, ha insistido -en línea con el ministerio- en que está vigente el del 2024.
En declaraciones a los periodistas en la clausura del 17 Congrés Nacional de la UGT de Catalunya en Mataró (Barcelona), ha afirmado que los sindicatos mantendrán su propuesta de 1.200 euros, a pesar de expresar «voluntad de negociación y de acuerdos».
Ha advertido de que «lo que ocurre en el Parlamento no puede ocurrir dentro del Gobierno», en referencia al rechazo del decreto ómnibus del miércoles, y ha insistido en que el SMI -textualmente- no puede esperar más. El líder de UGT ha explicado que las organizaciones sindicales plantearán conjuntamente una respuesta a esta situación, que no ha querido detallar: «No nos vamos a quedar paradas», se ha comprometido.
Ha criticado que el Congreso «no puede utilizar de rehenes» a los pensionistas, jóvenes y trabajadores, y ha tachado de lamentable que PP, Vox y Junts rechazaran el paquete de medidas sin tener «un solo argumento que tenga el más mínimo peso». Sobre las pensiones, ha confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda «resituar de manera inmediata» su revalorización, aunque ha opinado que parece técnicamente difícil implementarlo ya de cara al mes de febrero.
Garamendi insiste en que podría haber habido acuerdo
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también insisió este jueves en que sindicatos y empresarios podrían haber alcanzado una propuesta única de subida del SMI si desde el Ministerio de Trabao les hubieran dejado negociarlo. Así lo indicó en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, el líder de la patronal.
Explicó que la CEOE ha propuesto en solitario un incremento del 3 % para el SMI del 2025 porque es la misma subida salarial que firmaron con los sindicatos en el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC). «Si el Ministerio de Trabajo hubiera dejado que los sindicatos, que nosotros, hubiéramos trabajado en ese sentido, pues sigual habríamos llevado una propuesta conjunta (...) Cuando la ministra, con esos expertos que no sé si han pagado una nómina nunca, deciden una subida del 4,4 %, directamente se está rompiendo del tirón la propia negociación», ha denunciado.
Garamendi ha argumentado que, en la mesa de diálogo social sobre el SMI «no se están teniendo en cuenta muchas cosas», como el campo o las empresas que se han adjudicado contratos públicos, «donde los costes laborales están subiendo de forma desmadrada y las administraciones y el Estado no tienen ninguna sensibilidad para implementar ese coste y que no tengan pérdidas».
La CEOE denuncia el uso político
«Es un tema serio, que se está utilizando desde un plano político y no desde un plano realmente empresarial o económico. Yo creo que este es el problema. Vamos a ver qué es lo que hacen, pero insisto, hay que estar pensando que un señor que tiene un bar en un pueblo de Castilla-La Mancha y que vende cuatro coca-colas, a ver cómo paga o tiene un coste de 2.000 euros al mes o más para servir esas cuatro coca-colas», ha señalado Garamendi.
Costes laborales disparados
De hecho, el presidente de la CEOE ha cifrado en 500 millones de euros el coste para las empresas por cada punto de subida del SMI. A ello se suma, ha dicho, el coste que supone «la broma» de la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, que ha estimado en entre 21.000 y 23.000 millones de euros, y la subida de las cotizaciones sociales.
«Sinceramente, es que hay una falta, no de visión, sino de cercanía a la realidad increíble», ha remarcado Garamendi, que ha reconocido, no obstante, que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está siendo más sensible con la realidad actual de las empresas y de las pymes, que conforman la mayor parte del tejido productivo.
«El ministro de Economía está viendo la situación. Cada punto de SMI son 500 millones de euros que entran en vena, especialmente a esas pequeñitas empresas. Cada punto del ANC que nosotros hemos pactado son 5.000 millones. La jornada de trabajo, la famosa jornada, supone entre 21.000 y 23.000 millones de euros, con una afectación muy desigual», ha señalado el dirigente empresarial.
Garamendi ha denunciado que los trabajadores desconocen lo que pagan las empresas por emplearlos y ha vuelto a sugerir que cada trabajador pueda recibir en su banco el sueldo bruto y que de ahí le descuenten lo que se lleva el Estado por IRPF y cotizaciones.
«Cuando tú le preguntas a gente joven, a cualquiera, cuánto gana y te dice lo que le acaban de ingresar en el banco. Y ni valora las extras porque no están en el coste. Claro, a eso hay que añadirle, la Seguridad Social, que se está disparando, que es un 30% por encima de la general de Europa. A eso hay que añadirle el propio IRPF, que tienes que descontar al trabajador. Entonces, por eso yo digo, aunque se pongan muy malitos algunos cuando lo digo, que sería bueno, y es un ejercicio para que la gente lo vea, porque la gente no ve sus nóminas, que se entregara íntegramente en el banco lo que le cuesta al empresario ese trabajador, y que luego el Estado le quitara la parte de Hacienda y la parte de la Seguridad Social», ha apuntado Garamendi.
«Esto levanta ampollas y me ponen a parir por decirlo», ha añadido el líder de la CEOE, que ha añadido que prácticamente el coste del 40 % de la subida del SMI «se lo va a quedar Hacienda».