Hay cargos públicos que exigen máxima discreción, y ni ningún jefe puede obligarlos o coaccionarlos para que revelen información confidencial, ni ellos, por hacer mérito ante sus superiores o por ninguna otra razón, deben hacerlo, pues puede causar perjuicios muy graves e injustos a otras personas. Sin embargo, es el delito que, según sentencia el Tribunal Supremo, cometió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ordenar que se difundiera información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo para perjudicar a esta, quizá presionado por personas más poderosas que él.
Por eso García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación para seguir desempeñando el cargo, además de otras penas económicas. Lo peor de todo este episodio, que comenzó en marzo del 2024, es el grave daño que su actuación causa a la reputación y credibilidad de una institución que representa, la Fiscalía General del Estado.