El saqueo del dinero público mediante contratos y adjudicaciones irregulares sustituye a los pelotazos urbanísticos tras la crisis
11 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.ANÁLISIS LAS NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA ECONÓMICA
Quizás fueron ellos los primeros que presintieron el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Los que antes imaginaron que los años de oro de la construcción habían pasado y que los pelotazos ligados al suelo ya no iban a ser los de finales de los noventa y buena parte de la pasada década. Las redes corruptas desenmascaradas en los últimos tiempos parece que se habían olvidado, o cuanto menos alejado, del ladrillo. La desbocada y grosera corrupción urbanística, a la vista de las últimas operaciones y los últimos datos, ha dado paso a tramas más sibilinas y sutiles que buscan, o al menos buscaban ante de las crisis, su financiación en las Administraciones menos cuidadosas con el dinero público y más proclives a la adjudicación o a la subvención a sus más allegados saltándose las normas.
En la Fiscalía Anticorrupción y en la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo tienen claro. Los delitos contra la ordenación del territorio, con la omnipresente recalificación irregular, van dando paso a la prevaricación y a la malversación de los caudales públicos, con su traducción popular, la contratación irregular a dedo. Dos imágenes resumen ese cambio, las fotos de los dos grandes capos, Juan Antonio Roca, el asesor urbanístico de Marbella, frente a la de Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel dedicada a captar negocios de servicios a cambio de favores.
Roca es el emblema de la operación Malaya. Pero el asesor urbanístico puede haber sido de los últimos grandes casos de corrupción urbanístico-política pura destapados en España, como pueden ser el Pretoria en Cataluña, que en el 2009 implicó al PSC y a CiU por recalificaciones millonarias y pelotazos urbanísticos en Santa Coloma de Gramanet, o el caso La Muela, otro sumario judicializado en el 2009, en el que se investigan irregularidades en Zaragoza cercanas a los 45 millones de euros, ligadas todas íntimamente al suelo.
Las nuevas tramas siguen alimentándose de la amistad con el poderoso, eje siempre de la corrupción, pero ya no buscan del político información privilegiada de un plan urbanístico a cambio de una suculenta comisión, sino su favor y connivencia para la rapiña de contratos, subvenciones o adjudicaciones a dedo, en la mayoría de las ocasiones por servicios hinchados, muy alejados del precio real de un mercado libre. En este apartado se encuadran los cinco grandes casos de corrupción que han sacudido el país en los últimos años: el Gürtel, las basuras valencianas de Brugal, el caso Campeón, los falsos ERE de la Junta de Andalucía y, sobre todo, el caso Urdangarin.
Patrimonios millonarios
Este último, el sumario en el que está imputado el yerno del rey, es el gran paradigma de esa nueva corrupción que se hizo fuerte en la segunda mitad de la pasada década y que ahora empieza a aflorar en los juzgados. Urdangarin y Diego Torres se hicieron casi desde la nada, en cuestión de un lustro, con patrimonios cercanos a los nueve y los cinco millones de euros, respectivamente, sin meter las manos jamás en el hormigón ni en el cemento.
El entramado tejido por el Instituto Nóos nunca tuvo relación alguna con la construcción. Y eso a pesar de que Urdangarin y la infanta son dueños de una inmobiliaria que se usó para todo tipo de negocios, excepto el inmobiliario. Sin ladrillos de por medio, Nóos logró facturar cerca de 16 millones a cuenta del continuo sablazo a entidades privadas, pero sobre todo a públicas que buscaban congraciarse con el marido de Cristina de Borbón.
Tampoco el grueso de Gürtel tiene que ver con la especulación inmobiliaria. El origen de todo es el trato de favor de las Administraciones madrileñas y valencianas para conseguir infinidad de contratos de servicios, desde la visita del Papa a los homenajes de los atentados del 11-M pasando por la organización de campañas electorales. Correa y los suyos demostraron que alguien podía hacerse muy rico -la Justicia todavía sigue la pista a los más de los 30 millones de euros evadidos a paraísos por el cabecilla de la trama- sin tener que pisar una obra -Correa era un simple agente de viajes- y dedicándose a ganar concursos amañados e incluso a conseguir adjudicaciones partidas en pequeños pedazos para que no fueran sometidas a concurso público.