El juez ordena examinar el pecé de Torres, 6 meses después de incautarlo, en busca de mensajes que impliquen a la Corona en el caso Nóos
10 may 2012 . Actualizado a las 18:35 h.La Audiencia Provincial de Palma tiene previsto decidir antes de un mes si imputa o no a la infanta Cristina en el caso Nóos, como reclama el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que por dos veces ha pedido sin éxito al juez José Castro que acuse a la hija del rey como copartícipe de los negocios irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del instituto sin ánimo de lucro.
Según informaron ayer fuentes judiciales, Eduardo Calderón, el presidente de la sección y ponente de la resolución que dilucidará la suerte judicial de Cristina de Borbón, ha fijado como fecha límite para dar a conocer su decisión el 20 de julio, pero estas mismas fuentes dieron por seguro que será mucho antes. Aventuraron que será a finales de mayo o principios de junio, ya que este tribunal suele adelantar las deliberaciones, que -en el caso de la hija de don Juan Carlos, como en todos- serán secretas.
Los jueces deben decidir sobre el recurso de apelación que presentó Manos Limpias ante la audiencia después de que Castro, por segunda vez, rechazara el pasado marzo imputar a la infanta por entender que, «hasta el momento», no había pruebas de que estuviera al tanto de los negocios supuestamente fraudulentos de su marido. Ya entonces el magistrado dejó al margen del sumario a la hija del rey por no haber «indicios objetivos de criminalidad en su contra». En este punto, el instructor siempre ha tenido el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que la participación de la duquesa de Palma en empresas como Aizoon era exclusivamente a «nivel societario». Manos Limpias, sin embargo y así lo manifestó en su último recurso, insiste en que la infanta fue «beneficiaria directa» de las irregularidades de Urdangarin porque ejerció como «actora directa» por «encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria» en los negocios de su esposo.
Memoria informática
Entretanto, el juez Castro ordenó a la Jefatura de Policía de Baleares que envié a la Policía Científica de Madrid el disco duro que fue incautado a Diego Torres en los registros en Barcelona en noviembre. A pesar de que ha pasado medio año desde el hallazgo de esa memoria informática, nadie se había molestado en averiguar qué contiene y si sus archivos afectan a la denominada pieza 25 del caso Palma Arena. El juez quiere saber si en ese aparato hay copia de los correos que Torres tendría en su poder y que dejarían en delicada posición a la Corona, pues probarían que el rey y la infanta hicieron gestiones para favorecer los negocios de Urdangarin después de que la Zarzuela lo obligara en el 2006 a romper con el Instituto Nóos.