El fiscal eleva la condena de seis a diez años porque era el motor de la corrupción
22 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Iñaki Urdangarin y su abogado siguen convencidos de su total inocencia y ayer en el Supremo su letrado, Mario Pascual Vives, criticó además a «parte de la sociedad» y a algunos medios de comunicación por haberle «condenado» mucho antes del juicio en el que se le impusieron seis años y tres meses de cárcel.
En la vista por los recursos contra el fallo de la Audiencia Provincial del Palma por el caso Nóos, la defensa del cuñado de Felipe VI, como hiciera en la vista oral, insistió en que su cliente no delinquió. Ni siquiera en el caso de que su «vinculación» con la Casa Real fuera la que le hubiera abierto las puertas a contratar a las administraciones públicas. «Pido la absolución, fíjense, del señor Urdangarin, que a día de hoy ya ha sido condenado por determinada parte de la sociedad y por determinados medios de comunicación», se quejó Pascual Vives.
En una exposición muy técnica, el letrado negó punto por punto los delitos por los que la Audiencia Provincial de Palma condenó a Urdangarin: dos delitos fiscales, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En síntesis, sostuvo que los foros Valencia Summits e Illes Baleares Fórum por los que Nóos se embolsó cinco millones de euros de fondos públicos entre el 2004 y el 2006 fueron, en realidad, una ruina para Urdangarin y su socio Diego Torres porque supusieron un «déficit económico» para Nóos. «Se ha perdido dinero en la práctica totalidad de los foros», abundó por su parte Manuel González-Peeters, letrado de Torres (condenado por la Audiencia de Palma a ocho años y seis meses).
Sin beneficio alguno
Vives defendió que Urdangarin no pudo cometer los dos delitos fiscales. El letrado criticó con dureza los cálculos sobre los dos fraudes, al tiempo que insistió en que no hubo prevaricación o malversación porque las adjudicaciones a dedo a Nóos de los eventos de Valencia y Palma no debía someterse a concurso público puesto que solo el instituto Nóos podía realizarlos por sus conocimientos técnicos y su exclusividad. Fueron una simple «esponsorización». Y en cualquier caso, los servicios se prestaron a «satisfacción» de las entidades contratantes.
Vives también se esforzó en quitar peso a la acusación de que el marido de la infanta Cristina usó su cercanía con la Zarzuela para hacer negocios. «La vinculación del señor Urdangarin con la familia real, si hubiera ayudado al instituto Nóos a conseguir contratos, se trataría en tal caso de una influencia impune por atípica y menos aún que mereciera reproche penal», apuntó el letrado.
La versión del Ministerio Público, que pidió que la pena de Urdangarin pase de seis a diez años, fue bien diferente. La Fiscalía lanzó todo su arsenal para intentar que el Tribunal Supremo aumente, o al menos no rebaje, las penas de los dos cabecillas de Nóos. «Iñaki Urdangarin y Diego Torres han constituido el motor de toda la secuencia delictiva. De ellos partió la iniciativa y de ellos partió la corrupción de los funcionarios públicos», denunció la fiscal del alto tribunal, María Ángeles Garrido. La representante del Ministerio Público insistió en reclamar mayor dureza para los dirigentes del Instituto Nóos porque eran totalmente conscientes de que las convenciones de Illes Baleares Fórum y Valencia Summits que consiguieron de las administraciones que dirigían Jaume Matas y Francisco Camps vulneraban la «competencia de libre mercado».
También ayer, la defensa de Cristina de Borbón reclamó al Supremo que confirme la condena que obliga a pagar las costas a Manos Limpias y que supondría el estrangulamiento económico definitivo del pseudosindicato, el único que la acusaba.
El último paso para ingresar en prisión
El reloj corre en contra del Iñaki Urdangarin, que se juega en el Tribunal Supremo prácticamente su última baza para evitar ingresar en prisión. Después de escuchadas las partes, solo la defensa pide su absolución, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron elevar la condena de seis años y tres meses de prisión y siete años y un mes de inhabilitación especial impuesta inicialmente por la Audiencia de Palma.
Escuchadas las partes y a tenor de los recursos interpuestos, los cinco magistrados que componen la sala de casación del Supremo decidirán si se mantiene, reduce, anula o endurece la condena. Una vez se notifique la sentencia firme, corresponde a la Audiencia de Palma su ejecución. Es, por tanto, este tribunal el que puede abrir la puerta a alegaciones por parte de los condenados y el que decide el ingreso o no en prisión. Actualmente el cuñado del rey se encuentra en libertad provisional sin medidas cautelares y durante el último año ha residido en Ginebra (Suiza).
Los cinco magistrados del Supremo no tienen un plazo de tiempo establecido para dar a conocer su veredicto. Urdangarin solo se libraría de la cárcel si el tribunal opta por una rebaja sustantiva -por debajo de los dos años- de la condena que ya le impuso la Audiencia de Palma. Dependiendo de la decisión del Supremo, el cuñado del rey podría hacer determinadas alegaciones ante la Audiencia de Palma para evitar un posible ingreso en prisión. También podría recurrir en última instancia al Tribunal Constitucional si considera vulnerados algunos de sus derechos fundamentales. Pero lo habitual es que en casos de condena de más de cinco años no se suspenda su ejecución.