El Supremo podrá preguntar al Tribunal Constituciona por la constitucionalidad de la amnistía

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, en la sede del juzgado que preside durante el acto de inicio del Año Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, en la sede del juzgado que preside durante el acto de inicio del Año Judicial. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Esta cuestión mantendría en suspenso durante años causas del «procés». Otra opción para el Poder Judicial es solicitarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque existen muchas menos opciones de que sea aceptada a trámite

09 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La aprobación de una eventual ley de amnistía tendría su eco inmediato en el Poder Judicial. Cualquier tribunal involucrado en un juicio del procés optará, si así lo consideran la mayoría de magistrados de la sala, a elaborar una cuestión de inconstitucionalidad. Un recurso que se presenta cuando se tiene dudas de sí la ley que se aplica respeta la Carta Magna. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Cataluña son dos de las estancias sobre las que recaen más procedimientos relacionados con el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Para presentar la cuestión, eso sí, deberá estar la ley vigente. Julio José Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la USC, estimó que, con el contexto político actual, la tramitación tardaría un mínimo de dos meses. Además, según Efe, existen en la actualidad cerca de un centenar de procesos penales abiertos relacionados con el procés.

Una cuestión de inconstitucionalidad no implica tomar medidas cautelares para una eventual ley de amnistía. Lo aclara el artículo 163 de la Constitución: «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».

Por el contrario, se mantendría con medidas cautelares la causa judicial a cargo del juez instructor que presente la cuestión de inconstitucionalidad. En el caso de los políticos independentistas fugados, como los eurodiputados Carles Puigdemont o Toni Comín, la Sala Segunda del Supremo deberá acordar si, antes de anular su orden de detención, decide presentar la cuestión de inconstitucionalidad.

Fuentes constitucionalistas advierten de que el Tribunal Constitucional suele tardar años en pronunciarse, por lo que todos los procesados gozarían durante ese período de medidas cautelares.

La vía europea

Otra opción es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque fuentes expertas aseguran que, casi con total seguridad, una cuestión de este tipo no sería admitido a trámite. Si se acepta este recurso prejudicial, los procesos también quedarían en suspensión, tal como refleja la página web del alto tribunal internacional: «El procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo».

El Tribunal Supremo estudiará el próximo jueves los recursos interpuestos por Ciudadanos y Vox contra los indultos de dos de los nueve expresos indepententistas, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el exmandatario de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberará tres recursos: uno de Ciudadanos contra el indulto de Cruixart y dos de Vox contra sendos independentistas.