¿Qué es el «lawfare»? El término del acuerdo que abre la puerta de la amnistía al escolta de Puigdemont, Laura Borràs y el clan Pujol
ESPAÑA
El acuerdo entre el PSOE y Junts contempla que se puedan emprender acciones legales si se demuestra que la justicia actuó de manera partidista contra perfiles vinculados al «procés»
09 nov 2023 . Actualizado a las 18:55 h.El PSOE ha aceptado la entrada del término lawfare en el pacto al que, tras muchas negociaciones, ha llegado con Junts para poder avanzar en la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo, que abre una nueva etapa en la relación del Estado español con Cataluña, acepta reivindicaciones que los independentistas llevan años poniendo sobre la mesa, entre ellas, el amparo en casos de lo que conocen como guerra judicial.
Así el lawfare, exigencia de Carles Puigdemont para que los socialistas puedan contar con su apoyo, contempla la posibilidad de emprender «acciones de responsabilidad» si se acredita a través de comisiones parlamentarias que políticos como el propio Puigdemont, su mano derecha y abogado Gonzalo Boye, el clan Pujol o Laura Borràs fueron víctimas de un uso partidista de la justicia.
Asociaciones de jueces y fiscales han expresado su «profunda preocupación» por el acuerdo al considerar que «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia». Las cuatro asociaciones judiciales han mostrado su rechazo al «lawfare» o judicialización de la política que incluye el pacto, pues podría suponer la «intromisión en la independencia judicial» y la «quiebra de la separación de poderes». En un comunicado conjunto, las asociaciones reprochan la «desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial» que, en su opinión, se desprende de la referencia a una ley de amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de «lawfare», es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política. Las asociaciones judiciales remarcan la independencia del Poder Judicial en España y aseguran que este «no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el integrante de su comité nacional Sergio Oliva, ha sido el encargado de mostrar su «más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo». «En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas», ha señalado. Oliva ha defendido que «lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley». «Ese es el pecado», ha lamentado, en declaraciones recogidas por Europa Press. Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que «estamos en un momento muy crítico» porque «existe un riesgo evidente de quebrar la democracia».
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha señalado a esta agencia de noticias que el acuerdo entre ambas formaciones «es muy grave» y supone implícitamente «un cambio de modelo constitucional» porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador. Para Viada, el texto «es un golpe de gracia al sistema constitucional español» y la ley de amnistía que saldrá adelante, «una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts». Ha destacado asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de lawfare es «lesiva para el Estado de Derecho» pero a la vez «consecuente» con la idea de que existió «una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir» determinados delitos: «Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar».
«No se ha hablado de nombres en particular», zanjó Santos Cerdán, número tres del PSOE y encargado en Bruselas de rubricar el pacto junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, para añadir que «serán los jueces quienes analizarán cada caso y decidirán quién está incluido y quién no».
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que, de las conclusiones a las que lleguen dichas comisiones de investigación parlamentarias, no podrá derivarse directamente ningún tipo de acción contra los supuestos responsables de un lawfare que haya perjudicado a personas relacionadas con el ámbito del independentismo. En este sentido, han indicado que, en todo caso, una vez concluidas, y si observan indicios de delito en sus conclusiones, podrán elevar denuncia o querella a la Fiscalía o al juzgado que corresponda, que será quien determine si hay materia para investigar.
Otras fuentes añaden que, de lo contrario, si el Parlamento pudiera emprender directamente dichas «acciones de responsabilidad», supondría «arrogarse la capacidad para juzgar a los jueces», rompiendo con ello el principio de separación de poderes. Por ello, los consultados subrayan que esa alusión a las «acciones de responsabilidad» por lawfare es en realidad un «brindis al sol», ya que el alcance de esas comisiones de investigación es el que le permite el marco legal.
El abogado de Puigdemont
Respecto a Boye, el abogado de Puigdemont, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en noviembre del 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como Operación Mito en la que también están procesados el narcotraficante gallego Sito Miñanco y otras 47 personas.
La instructora del sumario, María Tardón, procesó en el 2021 al letrado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Adolfo Suárez- Madrid Barajas.
Laura Borràs
La condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también entraría en la ecuación. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó el pasado marzo a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. El propio TSJ, sin embargo, propuso un indulto parcial para Borrás que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Además, una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que defendía que no debía ser condenada a más de 21 meses de prisión.
Borràs fue condenada por unos encargos relacionados con la página web de la ILC. Según la sentencia, fue ella quien hizo el encargo directa y personalmente incluso antes de que la junta de la ILC aprobara el proyecto, «a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo». El TSJ recalcó que funcionarios del ILC advirtieron a Borràs de que debía adecuar el procedimiento de contratación, dados la envergadura y el coste del encargo, pero ella --como directora que era el órgano de contratación-- «decidió simular la adjudicación de los trabajos ya encargados» a su amigo a través de contratos menores. La condena a Borràs aún no es firme, toda vez que su defensa anunció que presentaría recurso ante el Tribunal Supremo.
El clan de los Pujol
El marco temporal al que se circunscribe la ley de amnistía - de 2012 a 2023, según ha anunciado el PSOE - también alcanzaría la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos. La familia está a la espera de juicio por formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido».
Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Para el resto del clan las penas van de los 14 a los 8 años. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás.
El primer instructor del caso, José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Pujol, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles «cantidades millonarias» que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados. El juez situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a empresas, que hacían entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. Y ello a cambio de una «contraprestación» que pasaba por que los Pujol ejercieran concretas influencias« para adjudicaciones y concesiones »a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán«.
Buch y el escolta de Puigdemont
Asimismo, el acuerdo beneficiaría a Buch, que el pasado septiembre fue condenado por malversación y prevaricación a 4 años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
La Audiencia de Barcelona consideró probado que Escolà acompañó a Puigdemont hasta Bélgica y que encadenó bajas médicas, vacaciones y libranzas para escoltar al expresident en su tiempo libre. Durante el juicio, las defensas de Buch y Escolà reclamaron la absolución. El exconsejero catalán negó que hubiera nombrado al mosso como asesor para que pudiera seguir escoltando y afirmó que «nunca» habló con el expresident sobre su servicio de protección. Además, arremetió contra los directores de la investigación de los Mossos d'Esquadra al considerar que la causa en su contra estaba «cargada de subjetividad, prejuicios, errores y mala fe».