Llama a declarar al delegado del Gobierno, el director general de Marina Mercante y el ex capitán marítimo -La querella de Nunca Máis desencadena la inestigación judicial
18 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión ha dado un importante vuelco en la instrucción del caso Prestige al llamar a declarar como imputados a tres integrantes clave del Centro de Coordinación de Operaciones (Cecop), máximo órgano decisorio durante los primeros días de la crisis provocada por el accidente del petrolero frente a las costas gallegas. Por el juzgado de Corcubión deberán pasar en compañía de sus abogados el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, cabeza visible del Ejecutivo al iniciarse la tragedia, José Luis López-Sors, director general de Marina Mercante, y Ángel del Real Abella, capitán marítimo de A Coruña durante la crisis y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Las declaraciones de los imputados comenzarán precisamente con Del Real, el próximo 26 de marzo, funcionario que ya había declarado como testigo en el sumario que instruye el juez Francisco Javier Collazo, que también llama en calidad de testigo a Gonzalo Vidal, director de operaciones de Remolcanosa. Dos núcleos En su providencia, el juez admite a trámite la querella presentada por los abogados de la plataforma Nunca Máis. En ella se acusaba a los dos núcleos que, a juicio de la acusación, comparten responsabilidades en la catástrofe. Por un lado, el entorno del armador, el fletador, el capitán del buque y las sociedades de clasificación. Por otro, los responsables de la decisión de alejar el Prestige «sin los necesarios informes técnicos que la justificasen», entre los que incluyen a los tres cargos llamados a declarar, «sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas que puedan determinarse a lo largo de la instrucción». El juez no argumenta los indicios que sustentan la imputación, aunque la querella de Nunca Máis pidió el procesamiento de los altos cargos «por un delito ecológico genérico contra el medio ambiente y otro específico contra espacios naturales protegidos», comentaron fuentes de la acusación. Sobre este punto, el juez ha vuelto a solicitar a la Xunta información sobre las zonas protegidas afectadas, pues la remitida no era la que se exigía. Para los abogados de Nunca Máis, la decisión del juez muestra que se aprecian indicios de la comisión de un delito.