El representante español criticó la creación de un grupo cerrado para Estados implicados Los países constatan una falta de voluntad para aplicar medidas contra la pesca ilegal
21 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) patrocinará una fuerza ministerial de trabajo para luchar contra la pesca ilegal, un pequeño grupo de responsables gubernamentales que pondrán en común iniciativas y recomendaciones a los diferentes Estados. Tras dos días de reunión en París, los especialistas y responsables de los países miembros han constatado que existen medidas para compaginar la protección de las especies más amenazadas con el desarrollo sostenido pero que lo que falla en gran medida es la voluntad de los Estados para aplicarlas. El subdirector español de organismos multilaterales de pesca, Ignacio Escobar, no se mostró muy satisfecho por la creación de este grupo ministerial «acogido» por la OCDE de manera informal en los aspectos técnicos pero que «no pertenece a nadie». Según Escobar es «un grupo cerrado en el que no se sabe muy bien cómo se participa ni quién es el que invita», por lo que «no parece que vaya a tener una respuesta multilateral». Al limitar la participación de los países interesados, España entre ellos, «están limitando también las posibilidades de aplicación de cualquier medida que pueda surgir de éstos». Las sesiones desarrolladas en el seno de la OCDE han permitido constatar la falta de control de muchos Estados sobre los barcos que ondean su pabellón, así como el escaso rigor en los puertos para verificar la legalidad de las capturas descargadas.? Disparidad de conceptos También han servido para confirmar que el mismo concepto de pesca ilegal varía en función de los países: para los anglosajones se refiere, casi en exclusiva a la captura de merluza negra, mientras que la preocupación de los japoneses se limita al atún rojo. Los expertos han analizado además el entorno socioeconómico de la pesca ilegal, especialmente en lo que se refiere a las condiciones en las que trabajan los marineros y los incentivos que llevan a los armadores a continuar con esta actividad a pesar de las multas, que se revelan completamente insuficientes. No es el caso, sin embargo, de algunos países miembros, que han aprovechado el encuentro de París para dejar clara su voluntad de continuar aplicando al límite sus más duras sanciones. Australia, por ejemplo, no tiene la menor intención de reducir sus multas de 550.000 dólares australianos para los barcos extranjeros que pesquen ilegalmente en sus aguas, como el Viarsa 1 , que en agosto del año pasado fue apresado tras la más larga persecución que se recuerda. Cinco tripulantes, entre ellos dos gallegos, siguen retenidos a la espera de juicio. Camino de un récord Sólo en el primer mes de este año, los australianos han apresado 11 barcos, una tendencia que podría superar el récord del 2003 con 138 naves ilegales capturadas. También Francia ha endurecido sus controles en las inmediaciones de la isla de Reunión. Para reforzar la disuasión de los 150.000 euros que puede suponer la multa, el Gobierno galo ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia por satélite en todas las aguas de la zona: los barcos autorizados llevan a bordo un transmisor, mientras que el radar registra los movimientos de todas las no registradas que faenan en el área.