La UE relanza la vía penal para castigar los sentinazos tras el boicot de varios países

?a Unión Europea (UE) retomará de nuevo el borrador de una norma que debería servir para perseguir los vertidos deliberados y negligentes en zonas costeras del territorio comunitario, después de que en la última sesión del Consejo de ministros de Transporte, celebrada en julio, países como el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Grecia suavizaran al máximo la propuesta de la ex comisaria Loyola de Palacio. La recomendación de la Comisión Europea planteaba sanciones penales por vertidos ilegales de productos tóxicos al mar, pero estos países lograron que los castigos se aplicaran de manera voluntaria y evitaron una postura uniforme al respecto por parte de la UE. Mientras, la contaminación intencionada por parte de petroleros sigue siendo moneda común, como demuestra el último caso de sentinazo que se produjo hace unos días frente a la costa gallega y que, como muchos otros, va a terminar impune. Tras el proceso electoral europeo, el borrador de la Comisión de Transporte volverá a los despachos de los diputados europeos, como confirmaron fuentes comunitarias. Entre otras cosas, el texto reclama castigos no sólo contra el capitán del buque infractor sino también «contra su propietario, contra el propietario de la carga, contra la organización que clasificó el buque y contra la autoridad portuaria que esté a cargo de la nave». Acuerdo «El Parlamento europeo va a llegar a un acuerdo sobre el borrador dentro de dos meses», afirmó Fionn Molloy, un alto funcionario que dentro de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) está a cargo de este proyecto legislativo. Además, recordó que la directiva sólo entrará en vigor si obtiene la aprobación del Consejo Europeo de ministros de Transporte, una reunión para la que Molloy no quiso poner una fecha concreta. Sobre el contenido del borrador, la EMSA evitó referirse a los posibles castigos o a las instancias judiciales que se ocuparán de los vertidos ilegales, «ya que estas disposiciones pueden cambiarse dentro del proceso legislativo». Quizás por ello el documento que está a debate habla en términos muy genéricos de «la necesidad de prescribir sanciones efectivas, adecuadas y contundentes». También subraya que lo que más se necesita no son más leyes, «sino las medidas de forzar su cumplimiento». Esta situación la demuestra los últimos accidentes protagonizados por petroleros. Una cantidad muy alta de buques que navegan en aguas de los países europeos infringen la convención internacional Marpol de l 1973 y 1978. Este acuerdo internacional es la legislación básica en cuanto a la contaminación del mar en toda la Unión Europea. Lo que parece claro es que de ninguna manera está despejado el camino para que este directiva dé frutos en poco tiempo. Muchos estados europeos ni siquiera han trasladado a sus leyes nacionales algunas directivas anteriores sobre seguridad marítima y países como el el Reino Unido, Holanda y Grecia seguirán oponiéndose a medidas unilaterales de la UE que no tengan en cuenta el mandato de la Organización Marítima Internacional. Frente a ellos, España y Portugal posiblemente mantengan su alianza para imponer una línea dura que castigue de forma uniforme los episodios de contaminación deliberada o negligente.

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