La empresa petrolera coordinará la prueba pericial y elegirá a los expertos casi tres años después del accidente Nunca Máis recurre la decisión por los vínculos de la firma con el Estado
29 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Casi tres años después de la catástrofe del Prestige , la jueza que instruye el caso ha aceptado la petición del fiscal para que sea la empresa petrolera Repsol la que lleve a cabo la investigación judicial más importante sobre el accidente del buque. En una providencia dictada por la sustituta de la titular del juzgado número 1 de Corcubión, se accede a que la firma que dirigió la operación de extracción del fuel del Prestige sea también la encargada de coordinar la prueba pericial sobre las circunstancias del accidente, antes, durante y después del mayday , el 13 de noviembre del 2002. La decisión judicial surge después de la petición del fiscal encargado del caso, Álvaro García Ortiz. En un escrito fechado el pasado 22 de julio, la fiscalía reclamaba una prueba pericial «ante la necesidad de conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en los autos». Ante la complejidad de la pericia, se considera necesaria la participación de expertos titulados en navegación y estructura naval y, por ello, se propone al tribunal que sea «una empresa de bandera nacional, con contrastada experiencia y que tiene pleno conocimiento de lo acontecido, pues no en vano demostró con éxito su sobrada fiabilidad y conocimiento del medio en el diseño y ejecución de la operación de extracción del fuel del fondo marino». Técnicos Así, el fiscal propone que sea Repsol quien determine «a los técnicos con la capacidad y formación antes relacionados, quienes habrán de contar con el apoyo de la misma». La jueza, en cierta medida, va más lejos que la fiscalía y, en su escueta providencia sobre el asunto, accede a que Repsol se encargue «de la práctica de la prueba pericial». Diversas partes personadas en la causa mostraron ayer su sorpresa por la tardanza con la que el juzgado de Corcubión acomete una prueba considerada «crucial» para dirimir las responsabilidades del accidente, tanto de la empresa armadora -Universe Maritime, recientemente imputada en el caso-, el capitán del petrolero y el único funcionario público que sigue imputado en el proceso, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. En este sentido, hay que recordar que la iniciativa de la prueba pericial se planteó desde que se dieron los primeros pasos en la instrucción judicial, pero no se ha sustanciado hasta ahora, cuando el sumario más voluminoso e internacional de la historia judicial de Galicia está en manos de María Jesús Souto Vázquez, que sustituye a la titular del juzgado, de baja por maternidad. Recurso La decisión sobre la investigación técnica del accidente ha tenido una pronta respuesta en algunas de las partes personadas en el caso. Mientras que la Abogacía del Estado apoya las tesis de la fiscalía y del juzgado, los abogados de la plataforma Nunca Máis, dirigidos por Pedro Trepat, han presentado un recurso contra la providencia judicial que otorga a Repsol la práctica de la prueba. Según el escrito de estos letrados, la empresa petrolera incurre en las razones que pueden suponer la recusación del perito, «por ter interese directa ou dende logo indirecta na presente causa». Así, recuerdan que la empresa petrolera fue recientemente privatizada y que «o Estado resérvase ata o mes de febreiro do 2006 a capacidade de control e veto de determinadas decisións [la acción de oro]». También precisan que Repsol matiene una relación «privilexada» con el Estado, «téndoselle adxudicado de maneira directa, sen procedimento de concurso nen similar, o contrato para a extracción do fuel». Teniendo en cuenta que en la causa está imputado un alto cargo de la Administración, los letrados de Nunca Máis cuestionan que los técnicos designados por la compañía reúnan los reguisitos de «imparcialidade» exigidos. Proponen que los expertos se recluten por medio de los respectivos colegios profesionales.