Las cintas estaban en el tribunal de EE.?UU. y en esta fase del pleito no pueden hacerse públicas ABS, la firma que avaló el buque, es una de las posibles fuentes difusoras de la prueba.
07 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?a filtración de las grabaciones del rescate del Prestige por parte de Izquierda Unida (IU), con las que intentó captar la atención mediática durante unos días, ha dado el vuelco típico del efecto bumerán . Si procesalmente el valor de las cintas quedó en vía muerta después de que se denegara una nueva declaración del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, ahora la jueza que instruye el caso pide cuentas a la formación política y le reclama que revele quién o quiénes le facilitaron las grabaciones. Así, en una providencia fechada el 21 de febrero, la jueza María Jesús Souto reclama a IU que aporte «la totalidad de las grabaciones que posea» -a pesar de que en el juzgado de Corcubión están ya las enviadas por la Administración- y que «manifieste la forma en que tuvo acceso a ese material». La instructora del caso también requiere a la representación legal de la formación política -personada en el proceso como acusación popular- que le informe «del objeto o finalidad de los testimonios solicitados en su día». Consecuencias en EE.?UU. La decisión de la jueza fue tomada a instancias de la fiscalía. En medios relacionados con el proceso se considera que la filtración de las cintas puede tener graves consecuencias en el proceso civil iniciado en Estados Unidos contra ABS, la clasificadora que dio el visto bueno técnico al Prestige . De hecho, en la fase actual de discovery -intercambio de pruebas y toma de declaraciones-, la legislación estadounidense prohíbe terminantemente la difusión de pruebas que obren en poder del tribunal, como es el caso. Frialdad gubernamental En medios gubernamentales, la publicación de las cintas fue recibida con frialdad, a pesar de que su contenido estaba dirigido a reavivar el caso en la arena mediática y desgastar al PP. Tan sólo el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, habló sobre el asunto, pero la polémica se quedó en el ámbito del partido y no mereció ni una sola declaración oficial por parte del Gobierno. De hecho, fuentes gubernamentales consideran que la filtración pudo tener su origen en ABS, que utilizó su representación en España para trasladar las grabaciones a IU, al tener acceso a ellas como parte demandada en el pleito civil que se desarrolla en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. En cualquier caso, hasta que finalicen las indagaciones promovidas por la fiscalía, tan sólo son especulaciones. No obstante, fuentes próximas al PP que tuvieron relación con el caso Prestige descartan que el Gobierno tuviera participación en la difusión de las pruebas y creen que la decisión de hacerlas públicas surgió del «entorno» de la sociedad de clasificación estadounidense.