Nunca Máis dice que no se plantea otra opción que la de depurar responsabilidades penales EU-IU considera que un acuerdo extrajudicial impediría llegar al fondo del asunto
14 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Las acusaciones populares del Prestige de adscripción social y política -Nunca Máis e Izquierda Unida- ni siquiera se plantean, de momento, la posibilidad de integrarse en un acuerdo extrajudicial que, tras un arreglo económico, confluya en una sentencia de conformidad con penas simbólicas para los dos principales imputados. El abogado de la plataforma ciudadana Nunca Máis, Pedro Trepat, considera que los contactos entre el Estado y el entorno del Prestige son «novedosos, sorprendentes y atípicos en un proceso tan complejo» pero advierte que, a día de hoy, la organización que representa no se plantea otra opción que la de «depurar las responsabilidades penales», tanto del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, como de la armadora y el capitán Apostolos Mangouras. Trepat admite que nadie le informó de la apertura de una vía negociada, pero recuerda que la última decisión de que se llegue a un juicio prácticamente testimonial depende de que las acusaciones populares como Nunca Máis o Izquierda Unida den su consentimiento. «Es evidente -afirma- que un acuerdo económico razonable y una postura penal no vengativa sería un buen activo mediático para el Gobierno, pero el montante de la factura es tan grande que veo muy difícil la conformidad». Aunque hoy Nunca Máis no renuncia a ejercer la acusación popular, Trepat considera a título personal que, en principio, son las dos partes que iniciaron la negociación las que deberían cerrar un acuerdo. «Después analizaríamos hasta qué punto satisfacen los perjuicios en la vertiente de la responsabilidad civil». No obstante, recuerda que Nunca Máis no está personada en la causa por ninguna reclamación económica, «sino porque las actitudes negligentes en la Administración deben ser castigadas. Sobreseimiento imposible Trepat no ve factible un sobreseimiento de la causa que evite la vista oral. «Es prácticamente imposible, pues eso significaría llegar a la conclusión de que no hay delito». Lo que sí ve más viable por la complejidad del proceso es una vista oral de una sola sesión a la que las partes acudan con una sentencia de conformidad pactada. «Pero eso nunca sería posible sin nuestro consentimiento y el de IU, y de momento no vemos razones para abandonar nuestros objetivos en la causa», añade. Por su parte, la coordinadora de EU-IU, Yolanda Díaz, considera «un error» un posible acuerdo extrajudicial tanto desde el punto de vista económico como para la depuración de las responsabilidades políticas y administrativas. EU-IU aboga por la celebración de un juicio «con las debidas garantías».