El ex alto cargo eludiría la cárcel y el Estado podría evitar pagar parte de la factura del vertido Los contactos para el acuerdo extrajudicial incluyeron a la acusación popular de IU
24 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La acusación popular de Izquierda Unida (IU) sería la tercera pata de la negociación extrajudicial en el caso Prestige, junto a la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y el entorno del armador y la aseguradora. El abogado de la coalición en la causa, Alfonso Suárez, confirmó a La Voz que se le «tanteó» en dos ocasiones para comprobar si él y sus representados eran receptivos a acordar una sentencia de conformidad en este caso, aunque en principio la postura oficial de este partido es seguir adelante con la instrucción judicial hasta llegar a un juicio «que esclarezca los hechos». En el segundo contacto con el letrado en noviembre del año pasado, «personas del entorno gubernamental» que Suárez no quiere concretar, con el objetivo de atraer a esta acusación popular hacia el acuerdo de conformidad, le comunicaron que al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, se le acusaría de un tipo penal blando «por abandono del servicio público». Este delito sería mucho menos contundente que los dos por daño medioambiental y contra los recursos naturales por los que López Sors permanece imputado en la causa. En ningún caso se le impondría una condena superior a los dos años de cárcel y, por tanto, nunca tendría que ingresar en prisión. La acusación estaría basada en que el ex alto cargo del PP hizo dejación de sus funciones como máxima autoridad en una emergencia marítima al ceder el control del petrolero a la empresa holandesa de salvamento Smit a partir del 14 de noviembre del 2002, un día después del accidente. Este curioso quiebro legal serviría de base para sustentar la estrategia en el proceso judicial y salvaguardaría en cierta medida los intereses del Estado, pues los rumbos erráticos posteriores y el vertido provocado por el hundimiento del buque no serían de responsabilidad directa de la Administración. No a un «sainete judicial» En cualquier caso, el letrado que representa a la acusación popular aseguró ayer que nunca aceptarían una acusación de este tipo, «que convierta el proceso del Prestige en un sainete judicial. Sería como llegar a la conclusión -insistió- de que aquí no ha pasado nada». El hecho de que fuera la Fiscalía la que iniciara los contactos con los abogados del armador y de la aseguradora es para Suárez otro aspecto que debilita la negociación extrajudicial. «Creo que este asunto desborda a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y debería plantearse de forma más seria desde otras instancias», aseguró. El abogado de IU se muestra escéptico ante la posibilidad de que la aseguradora del petrolero acepte cargar con más gastos del Prestige que los que ya ha asumido por su limitación de responsabilidad. En cualquier caso, admite que es el abultado coste de la catástrofe lo que lleva al Ejecutivo a emprender estos movimientos. «La factura de mil millones se le atraganta a cualquier ministro de Economía», asegura.