Caride defiende la agencia de protección de la legalidad urbanística porque resta presión a los alcaldes en las decisiones que afectan a las construcciones irregulares de sus vecinos
31 mar 2007 . Actualizado a las 07:00 h.?el departamento de María José Caride, conselleira de Política Territorial, ha salido una de las medidas de mayor impacto en los menos de dos años de Gobierno bipartito: la ley de protección del litoral que, de manera cautelar, prohíbe construir en los primeros 500 metros de suelo urbanizable de franja costera. «No queremos tener que lamentar crecimientos desorbitados. Hay sitios donde aún llegamos a tiempo». -¿Qué vendrá después de esta medida cautelar? -Nos daremos un tiempo para reflexionar y definir en qué ámbitos la protección costera debe estar en los 500 metros, y en dónde debe ser menor y mayor, ya que la prohibición irá más allá de los 500 metros en algunas zonas de especial protección. También definiremos el tratamiento de esa franja para el disfrute de los ciudadanos. No todo es proteger. Hay que poner en valor nuestra costa. -¿Hasta qué punto sirven estas normas si los concellos desoyen las órdenes de paralización de obras irregulares?? -La consellería tiene capacidad para formular la paralización, pero lo cierto es que sólo funciona mientras está allí el guardia civil o la policía. Cuando no se cumple, se lleva el caso al contencioso. -Pero la lentitud de la Justicia hace que cuando se resuelve, el desmán urbanístico se ha materializado. -En ocasiones lamentablemente es así. La mejor forma de atajar el problema es detectarlo lo antes posible. Es importante el plan de inspección urbanística, porque no sólo actuamos a denuncia de parte, sino velando por las competencias de la consellería. Y aplicando sanciones coercitivas. Va a ser fundamental la agencia de protección de la legalidad. Ahora, a los alcaldes les cuesta decirle a un vecino que existe un problema con una construcción. La agencia alejará la toma de decisiones de la cercanía entre el alcalde y el dueño. -¿Qué responde a los constructores que critican el impacto económico de la ley del litoral? -Lo que sí tiene un elevado coste es el mal planeamiento. Si hoy crecen edificios, pero no hay luz ni agua, mañana no habrá ni aceras ni suelos para colegios. Sorprende que en algunas zonas costeras se anuncien casas «con agua y luz», lo que significa que hay otras sin esos servicios. Eso sí que es un coste. No se puede pensar sólo en la inmediatez del negocio del cemento hoy. La costa da a Galicia una oportunidad de oro en el sector del turismo y eso no se puede desaprovechar. -¿A cuántos alcaldes tiene enfadados? -A muchos, y tengo enfadados a bastantes alcaldes socialistas, porque no les he puesto las cosas en una bandeja de plata. Vivimos un momento en el que los ayuntamientos están adaptando sus planes a la legislación y no siempre vemos con buenos ojos sus expectativas de crecimiento. Además, se confunde con el actual período electoral. Pero no podemos mezclar urbanismo con electoralismo. -¿En qué punto está la negociación sobre el plan de Vigo? -La gerencia de urbanismo de Vigo envió un documento, sobre el que la consellería no va a pronunciarse, porque no ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Yo mantengo mi compromiso de aprobarlo en el plazo de un mes desde que lo recibamos. -Ha habido críticas por la marcha de alguna planta fotovoltaica a otra comunidad y la falta de licencias para explotaciones agrarias. -Las huertas solares eran una demanda y hemos introducido un cambio en la ley del suelo para instalarlas. Si algún proyecto salió de Galicia era porque la ley no permitía esos proyectos. Respecto a las explotaciones agrarias, cuando llegué a la consellería había unas cajas de cartón que contenían 30.000 expedientes de reconocimiento de explotaciones agrarias. El PP había gestionado 3.000, hemos solucionado unos 20.000 y sacaremos el resto adelante en cuatro meses.