La integración de Francia en la causa penal del Prestige que se instruye en Corcubión avanza sin que se despejen algunas de las importantes interrogantes que plantea. Una reunión entre la Fiscalía española y la francesa celebrada en París la semana pasada sirvió para que el Estado francés presentara la que va a ser su propia reclamación de daños en el juzgado de Corcubión, que ascendería a 67 millones de euros. Por el momento las autoridades galas no aclararon si van a acusar al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y, por tanto, reclamar indirectamente al Estado español el dinero que el erario público francés destinó a la limpieza de playas. La Fiscalía francesa, no obstante, sí planteó la exigencia de tomar parte en la vista oral del Prestige, que podría celebrarse el año que viene si finalmente la instrucción termina este verano con la entrega de las pruebas periciales que están elaborando dos expertos elegidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión. Un caso inédito La confluencia de las dos causas judiciales en España es un caso inédito en la historia procesal española y obligaría a experimentar con propuestas de este tipo. De hecho, la Fiscalía española, que llevará el peso de la acusación durante la vista oral, se comprometió a estudiar cómo sería la presencia del fiscal francés en el juicio. En principio, parece que será posible que los puntos de vista del ministerio fiscal galo puedan ser expuestos en varias sesiones de la vista que se celebrará en Galicia, en un lugar que aún está por determinar. Volviendo sobre la demanda económica que el Estado francés presenta en Corcubión, los 67 millones de euros constituyen número a número la factura que Francia ha venido presentando en los últimos cuatro años en Londres ante el Fondo Internacional de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac). Mientras que el Estado español ha ido ajustando a la baja sus facturas con el paso del tiempo alejándose de los mil millones de euros que calculaba inicialmente, Francia ha mantenido prácticamente intacta su reclamación de gastos desde que en diciembre del 2003 las primeras galletas del fuel del Prestige afectaran a la costa occidental francesa. Esta declaración de gastos fue en algún momento tachada de «inflada» por parte de personas que participaron en la negociación para repartir el fondo del Fidac hace tres años. No obstante, todas las cuentas que se presenten en Corcubión, tanto de las del Estado francés como las de los afectados galos, tendrán que ser sometidas a un peritaje económico, tal y como se acordó en la reunión celebrada en París. Un peritaje, por cierto, que para los afectados españoles -a pesar de que la mayoría ya cobraron compensaciones- aún no se ha iniciado, pues está pendiente de que la Xunta acepte que sus propios funcionarios la lleven a cabo. A los 67 millones habrá que añadir las reclamaciones de los afectados franceses, que en un principio se calculaba en unos 30 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la documentación del Fidac. Nuevas pruebas Durante la reunión también se decidió incorporar en Corcubión un buen número de pruebas fotográficas y videográficas que obran en poder del juzgado de Brest (Bretaña francesa), que se inhibió de la acción penal en favor de la jurisdicción española. Entre esta documentación destacan las fotografías tomadas por la empresa de salvamento Smit durante los cinco días de remolque del petrolero, un material considerado de gran valor en la investigación.