Las tres fuerzas políticas del arco parlamentario, aunque con matices, se mostraron convencidas ayer de que el grado de voluntad política del Gobierno central será determinante para que la diáspora pueda votar en urna en las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera del 2009. Aunque todas admiten que los plazos muerden los talones de la reforma electoral, se muestran partidarias de que las autonómicas puedan constituir el primer referente de voto homologado de la emigración, lo que haría inútil la modificación de la ley electoral gallega para acortar los plazos de recuento.
El Grupo Popular insistió en que «o voto en urna segue a ser posible se existe vontade política por parte do PSOE». Los populares mantienen «viva» la reclamación de que la diáspora pueda votar en urna en las autonómicas, a pesar de no haber dado el sí a la reforma de la legislación electoral autonómica para acortar los plazos del recuento de voto.
A la cola
En las filas socialistas se recuerda que en el próximo pleno de la Cámara se incluirá la toma en consideración del voto en urna, pero una vez remitido el asunto a Madrid todo dependerá de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Ismael Rego aseguró que «é moi difícil aventurar nada neste tema». A su juicio, antes que el sufragio en urna de la diáspora aguardan en el registro del Congreso otros textos, por lo que sostuvo que si se pone «á cola» resultará «imposible» su aprobación en plazo, para que pueda entrar en vigor en las autonómicas.
Los socialistas creen que se trata de una cuestión «moi difícil de aplicar, incluso despois de aprobada», porque requiere la habilitación de medios en los consulados y la constitución de una junta electoral específica.
El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, aludió a la necesidad de agilizar la reforma legal en Madrid porque, de lo contrario, no habrá sufragio en urna de los residentes en el exterior en los próximos meses. Los nacionalistas sostienen que es una cuestión nuclear, y apuestan por la implicación directa del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para sacar adelante la reforma.