El auto que pone fin a la instrucción del caso Prestige , dictado el viernes pasado por la jueza Carmen Veiras Suárez, abre la puerta a que el juicio pueda iniciarse antes de que termine el 2009. Este es al menos el objetivo de los órganos de gobierno judiciales, verbalizado recientemente por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, quien aseguró que «lo deseable» sería que el juicio comenzase este año.
No será un objetivo fácil, a pesar de la celeridad con la que la jueza ha tramitado el auto de incoación de procedimiento abreviado. En primer lugar, la Audiencia Provincial de A Coruña deberá resolver los recursos ya anunciados contra el auto, entre ellos el de Nunca Máis, que apelará directamente a este órgano judicial esta semana. Según fuentes consultadas, no se trata de una resolución de trámite y obligará a los magistrados a ponerse al día en el voluminoso sumario del Prestige . Es obvio por tanto que resolver los recursos lleve su tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que tendrán que decidir si se anula el sobreseimiento provisional del único alto cargo que permanecía imputado en la causa, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Posteriormente llegarán los escritos de acusación y el auto de apertura de juicio oral, que determinará si es la Audiencia o un juzgado de lo penal de A Coruña el que lleve la vista oral, cuestión que depende de las penas que se pidan para los acusados.
El proceso de señalamiento de la vista oral también será complejo, pues habrá que buscar un hueco de al menos dos o tres meses -según fuentes consultadas este es el tiempo que puede durar el juicio- en la agenda de los jueces, así como encontrar un edificio apropiado para el que será el mayor juicio de la historia en Galicia.
También llevará tiempo localizar a los dos imputados sobre los que no hay medidas cautelares -el primer oficial y el jefe de máquinas-, lo que obligará a cursar comisiones rogatorias a Grecia y Rumanía y, probablemente, órdenes de busca y captura. Numerosos testigos y peritos viven fuera de España, por lo que será preciso citarlos en tiempo y forma.
Por otra parte, los abogados que defienden a la mayoría de los afectados por la marea negra -unos 15.000, el 75% del total- no presentarán recurso contra la decisión de la jueza de levantar la imputación a José Luis López Sors.
«Siempre estuvimos de acuerdo con la decisión de alejar el barco y no creemos que haya indicios para sostener la imputación», aseguró el letrado Ramón Sabín.