El caso Prestige agota sus últimos cartuchos en el pequeño juzgado de Corcubión donde desde hace más de seis años se ha llevado a cabo la instrucción del caso más complejo de la historia judicial gallega. La jueza instructora, Carmen Veiras Suárez, dictó ayer el auto en el que contesta a los recursos tras su decisión de dar por finalizada la instrucción. En él avala a uno de los dos peritos judiciales clave, pese a que está demostrado que participó en una reunión con el gabinete de crisis del Prestige el 19 de noviembre del 2002, el día en que se hundió el petrolero. Con posterioridad, su firma aparece en un informe que, de forma confusa, refrendaría algunas de las decisiones más controvertidas tomadas entonces por el Gobierno de Aznar.
La jueza no solo rechaza la petición de nulidad de la prueba pericial de Santiago Martín Criado en la que se defiende la decisión de alejar el Prestige , reclamación que sostenían los abogados del capitán Mangouras. También descarta incoar un procedimiento penal contra este ingeniero naval ferrolano, petición expresada por el abogado de Izquierda Unida, quien aseguraba que el técnico «silenció maliciosamente su condición de asesor gubernamental». De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión minimiza el papel del perito en el encuentro que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en A Coruña, al considerar que su participación fue «más pasiva que activa».
No obstante, reconoce que el valor de su prueba pericial deberá ser analizado en el juicio oral por el tribunal que asuma el caso. «Su participación en esa reunión, participación más pasiva que activa, cuando el barco ya se estaba hundiendo, y la posterior emisión del informe, en modo alguno puede considerarse materia delictiva, sino que será el tribunal encargado del enjuiciamiento quien aprecie su valor junto con el resto de pruebas que se practiquen en el acto del juicio», concluye.
Estrategia
Aunque deja en manos del tribunal que enjuicie el caso la validez del perito, la jueza, a lo largo del auto, se prodiga en cuestionar la estrategia de la defensa de Mangouras y de Izquierda Unida al utilizar este asunto como piedra de toque de sus recursos. Admite que la presencia de Martín Criado en la reunión y la firma del informe constan en el sumario «desde principios del año 2003». También figura que en marzo del 2007 el Colegio de Ingenieros Navales de Galicia dictaminó que el único que reunía las características exigidas por el juzgado era Martín Criado. La jueza recuerda a los recurrentes que ese mismo mes fue designado perito «sin que ninguna de las partes formulase objeción alguna durante dos años». «Solo unas horas después de notificado el auto de fecha 18 de marzo del 2009 [el que dicta el sobreseimiento de López Sors] -añade la jueza-, recurrentes que curiosamente ocupan posiciones procesalmente contrapuestas, casi al unísono pretenden hacer valer aquel documento para justificar la falta de imparcialidad del perito que a lo largo de dos años no cuestionaron».
Respecto a la nulidad de la prueba pericial que solicitan los abogados del capitán del buque, solo se podría producir en el caso de que se demostrara indefensión, pero en el auto se constata que en ningún momento se exponen las razones «ni se indica de qué normas esenciales del procedimiento se ha prescindido».
Por otra parte, la jueza mantiene los argumentos que la llevaron a dictar el sobreseimiento del único ex alto cargo que permanecía imputado en la causa, el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors.