Tampoco podría acceder a la totalidad de los 22,7 millones depositados por la aseguradora del buque
09 oct 2009 . Actualizado a las 03:50 h.España no solo se arriesga a afrontar en solitario los 968,5 millones de euros que gastó en la catástrofe del Prestige si finalmente el ex alto cargo imputado, José Luis López Sors, sale condenado del juicio. También tendrá que devolver buena parte de los 115 millones de euros que ya ha recibido del Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación (Fidac), dependiendo del nivel de culpabilidad de los distintos imputados que el tribunal dictamine en su momento.
Tampoco podrá acceder como país afectado por la marea negra a la totalidad de los 22,5 millones depositados en una cuenta del juzgado de Corcubión por la aseguradora del buque, el London P&I Club, en concepto del límite de responsabilidad que la normativa otorga al propietario.
Esta curiosa situación legal se explica en el doble papel de España como afectado y presunto culpable de parte de la contaminación, materializado tras el auto del pasado martes en el que se vuelve a imputar al ex director de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Pero también en dos artículos de los convenios internacionales por los que se rige tanto la responsabilidad civil por los vertidos como el fondo de 1992 para complementar el pago de las indemnizaciones.
En el caso del Fidac, si el fondo prueba que los daños se debieron «total o parcialmente a la acción u omisión de la persona que los sufrió, con la intención de causarlos o por negligencia de esta persona», el fondo podrá ser exonerado total o parcialmente de la indemnización. Para el propietario, representado por la aseguradora, rige un artículo similar en el convenio de responsabilidad civil.
Hay que recordar que la Audiencia Provincial de A Coruña imputa a López Sors una imprudencia grave en un delito contra el medio ambiente, algo que, según fuentes jurídicas sería equiparable a la «negligencia» que reflejan estos textos legales suscritos por España. Una condena al funcionario de la Administración española pondría en guardia a los letrados del Fidac que están personados en la causa y, en el momento de aclarar las responsabilidades civiles, esgrimirían estas normas internacionales para recuperar un dinero que, en realidad, pertenece a todos los países que integran el fondo, a través de sus aportaciones por el tráfico de hidrocarburos que generan.
Con los 115 millones que le adelantó el Fidac en varios pagos -previa exigencia de garantías bancarias-, España pudo amortizar todas las indemnizaciones que pagó a los particulares que aceptaron el adelanto de las compensaciones, así como a comunidades autónomas y ayuntamientos. De esta forma, España presentaba su reclamación al fondo como depositario de los derechos de todos estos afectados.