Junto con la vicepresidenta de la Diputación también fue detenido un técnico que fue puesto en libertad después de declarar. El funcionario no llegó a ir a los calabozos porque, en el momento de la detención, se hallaba de baja debido a una intervención quirúrgica. Los policías que realizaron la operación fueron a su casa y se incautaron de documentación, según algunas informaciones.
Este funcionario estuvo sometido hace tres años a seguimiento policial como consecuencia de la operación Muralla, en la actualidad totalmente abandonada por parte de la Justicia y la Fiscalía. En su momento, el fiscal Jesús Izaguirre, que dirigió la investigación, pidió al juzgado que el funcionario en cuestión fuese llamado a declarar como imputado porque su nombre aparecía, junto con el de otras muchas personas, en unas listas en las que se reflejaba que quienes aparecían en las mismas supuestamente habían recibido regalos por parte de empresas.