Hasta seis policías especializados se encargan en otras provincias de actuaciones judiciales similares a la de Lugo
08 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La operación Muralla, que supuso la detención de nueve personas y forzó a que Francisco Cacharro dejase la Diputación de Lugo tras una veintena de años en el cargo, está abocada a quedar en el olvido más absoluto si un equipo especial de investigadores no se hace cargo de la misma para revisar, cuando menos, la documentación básica. Así lo pusieron de manifiesto ayer diversas fuentes judiciales al conocer que, después de cuatro años, apenas se habían producido avances y, sobre todo, que carpetas conteniendo informes variados ni tan siquiera había sido abiertas.
Es tal el volumen de información recabado por el anterior fiscal, Jesús Izaguirre, que la jueza que lleva el caso no tiene capacidad alguna para hacerle frente. Además, no dispone de medios. Tardó más de un año en conseguir un perito que comenzase a echarle el ojo a algunos papeles. Los policías especializados en cuestiones económicas rechazaron hacer el volcado de los discos duros para, posteriormente, analizar su contenido.
El fiscal jefe de Lugo anuncia que reactiva la investigación y que ya revisó 30.000 folios. Incluso habló con un policía para que le ayude. Sin embargo, diversas fuentes consultadas ayer apuntan a que la magnitud de la operación obliga a que sea necesario un equipo especial para lograr avances. En este sentido, hicieron referencia a que operaciones de similares características realizadas en otras provincias eran controladas por un grupo de hasta seis policías especializados en delitos económicos. Precisamente, la contabilidad de las empresas ni tan siquiera fue revisada, y de ello tendrían que ocuparse expertos en cuestiones financieras. Tampoco fueron analizadas, según distintas fuentes, las numerosas cajas con papeles de las cuentas de la compañía Senén Prieto Ingeniería que fueron llevadas en su momento como consecuencia de la entrada y el registro realizados por el fiscal y la Policía Judicial.
De uno de los locales en los que entraron los investigadores también se llevaron numerosos disquetes que, supuestamente, contenían las ofertas que se presentaban a la Diputación para la adjudicación de la redacción de los proyectos. Senén Prieto era la firma que conseguía llevarse la mayoría de ellos porque no se presentaban otras empresas. Los investigadores llegaron a sospechar que, para darle formalidad al concurso, desde esta compañía adjuntaban dos ofertas más a nombre de otras personas. Se desconoce si toda esta documentación llegó a ser revisada. Permanece amontonada en una habitación, que está llena por completo, según explicaron diversas fuentes, en los sótanos de los juzgados de Lugo.
Hay al menos cuatro discos duros que están sin abrir y parece que nadie va a hacerse cargo de los mismos por el momento. Podrían contener datos importantes relacionados con la actividad y el funcionamiento de la empresa que, supuestamente, se beneficiaba de las contrataciones efectuadas desde la Diputación lucense.