Antes de su traslado a Vitoria como fiscal jefe, Jesús Izaguirre, miembro del ministerio público que hizo la entrada y el registro en la sección de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Lugo, dejó establecida una hoja de ruta en relación con la operación Muralla. Parece que nadie se preocupó de seguirla, ni tan siquiera la misma Fiscalía.
Quince folios ocupaban las propuestas que el fiscal Izaguirre entregó al juzgado instructor antes de marcharse. En los mismos decía, entre otras cuestiones, que la investigación había demostrado la existencia de una trama. Sin embargo, también advertía de que las líneas de investigación no habían podido ser desarrolladas en toda su extensión, debido, entre otras cuestiones, a «limitaciones materiales y temporales».
En vía muerta
Izaguirre planteaba en sus medidas que la pesquisa debía ser retomada en el momento en que quedó cuando toda la abundante documentación incautada fue trasladada a sede judicial. El ex fiscal aconsejaba tres líneas de investigación: la Diputación, concellos de la provincia y la Confederación Hidrográfica, por considerar que la empresa investigada supuestamente también hizo proyectos para esta entidad. A la vista de la documentación intervenida en los registros, también planteó investigar al ente autonómico Augas de Galicia. Ninguno de los planteamientos de Izaguirre fue atendido: el caso, tras su marcha, entró en vía muerta.