El culebrón de O Chucán, en realidad, no ha hecho más que empezar. Existe bastante consenso entre los juristas consultados sobre la intrascendencia procesal de su declaración de culpabilidad.
Pero es solo en teoría. A renglón seguido más de uno se pregunta: ¿Después del revuelo que se ha montado, será posible encontrar algún día nueve lucenses que no hayan leído o escuchado su esperpéntica confesión o que sean capaces de abstraerse de la misma para emitir un veredicto fundamentado exclusivamente en la chapucera investigación y consiguiente instrucción de la causa?
Los detractores del jurado tienen claro que no, y dudan incluso de que su defensa vaya a consentir que le planteen la cuestión en un nuevo juicio, aunque dan por hecho que llevará debidamente aleccionado a su cliente para que niegue lo que ha dicho o, cuando menos, trate de justificarlo.
Por todo ello pareciera que lo más sensato sería que, de repetirse el juicio, se celebrase con un tribunal formado exclusivamente por jueces profesionales.
Pero los juradistas -que todavía quedan- sostienen que esa solución es inviable porque atentaría contra el principio de que todo ciudadano ha de ser juzgado por el juez predeterminado por la ley, en este caso un jurado popular. Por otra parte, lo que se cuestiona es el veredicto.
Además, ¿quién garantiza que los magistrados son incontaminables?