Los nuevos estatutos del PP prevén expedientes para casos como el de Conde Roa

Aprobados el 19 de febrero en Sevilla, los nuevos estatutos del Partido Popular prescriben la apertura, automática y cautelarmente, de expedientes disciplinarios en casos como el del alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. En cuestión de días, deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Compostela en calidad de imputado por haber defraudado a Hacienda, supuestamente, 291.000 euros no declarados de la venta de 61 pisos de la empresa cuya administración única ejerce, Geslander Proyectos de Edificación. El Comité de Dereitos e Garantías del PPdeG, en cambio, no ha iniciado contra el regidor procedimiento alguno, «porque de momento no hay nada que motive ni siquiera una reunión [del citado órgano]», arguyó ayer su presidente, Celso Delgado. Entretanto, la dirección de los conservadores gallegos elude respaldar abiertamente al regidor, que mañana, antes de comparecer ante la prensa, citará a todo su equipo para blandir su «inocencia».

«Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial de un afiliado, por un caso de los referidos en este punto [un delito doloso], se incoará al afectado el correspondiente expediente disciplinario», establece el artículo 16 de las flamantes normas internas del PP, para luego añadir: «El Comité de Derechos y Garantías competente podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada situación concreta». Por ahora, dicha cláusula no ha sido aplicada a Conde Roa, circunstancia que Delgado justifica apelando a formulismos. «Si el propio interesado -aduce- ha dicho que a él no se le ha notificado, ¿cómo vamos a hacer nosotros nada a raíz de una presunta querella que no conocemos más que por la prensa? No procede dar ningún paso hasta la fecha».

A ese mismo argumento se agarra el secretario xeral de los populares de Galicia para pronunciarse con total tibieza sobre el asunto. «No podemos valorar una denuncia que no conocemos. Y, en el momento en que se conozca, el alcalde dará las explicaciones oportunas», se limitó a declarar ayer, consultado al respecto, Alfonso Rueda.

Salvo que hoy cambie de parecer, el alcalde santiagués, según fuentes extraoficiales de su entorno, ofrecerá esas alegaciones este lunes: primero, a partir de las nueve de la mañana, a los concejales de su grupo (13, contándolo a él, frente a 9 del PSOE y 3 del BNG), y luego a los medios de comunicación. Tanto ante los unos como delante de los otros defenderá que «en ningún instante» intentó burlar al fisco y que, al contrario de lo expuesto por la fiscalía, «siempre» pretendió «negociar» el pago de los impuestos adeudados. Además, sostendrá que el grave proceso en que se halla incurso deriva de una «jugarreta» hacia su persona impulsada por el anterior delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Luis Paz, a quien el Gobierno central relevó en marzo por José Luis Rodríguez Díaz.

Más peticiones de dimisión

A la par que el regidor va perfilando su estrategia defensiva ante los tribunales y de cara a la opinión pública, se suceden las peticiones para que presente su dimisión «inmediata». Después de que el jueves la hubiese solicitado el líder municipal del Bloque, Rubén Cela, entre el viernes y ayer hicieron lo propio los responsables locales de dos formaciones sin representación en la corporación compostelana: el de Máis Galiza, Modesto Toribio, y el de Unión Progreso y Democracia, Enrique Castro.

Este último la reclamó «tremendamente preocupado» y el otro, entre otras cosas, «ante o dano para a imaxe da capital».

---

---

---