Un informe de analistas económicos decidirá el futuro de las pesquisas
10 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Dentro de algo más de una semana se cumplen seis años de la entrada y registro de la Diputación Provincial de Lugo por parte del fiscal Jesús Izaguirre y un equipo de policías. Buscaban documentación que pudiera aportar pruebas de presuntas irregularidades en la adjudicación de la elaboración de proyectos de obras. El dispositivo fue bautizado como operación Muralla. Eso fue en el 2006. En el 2012, todo sigue igual. La investigación quedó totalmente paralizada y la operación, que hizo temblar los cimientos de media ciudad (nadie podía imaginarse las que vendrían después) sigue pendiente de una prueba pericial que todavía no está acabada. De ella depende el futuro de la macroinvestigación, según señalaron fuentes de la Fiscalía.
Lo que todavía está pendiente es un informe pericial que fue encargado por la Fiscalía lucense a la unidad de delitos económicos de la Comisaría General del Cuerpo Nacional de Policía. Los especialistas están analizando documentación correspondiente a las adjudicaciones efectuadas por la Diputación, del 2006 para atrás, a la empresa Senén Prieto Ingeniería para tratar de determinar si la elaboración de la redacción de los proyectos fue encargada de manera presuntamente anómala a dicho estudio. En su momento, el fiscal que investigó los hechos apreció que los proyectos de determinadas obras provinciales, en vez de ser realizados por el propio equipo del organismo que presidía Francisco Cacharro, se desviaban a una empresa particular que podría tener algún tipo de vinculación con la Diputación.
Parece que la operación hubiera llegado a buen puerto, es decir, a resolverse en un sentido u otro con mayor rapidez, si el fiscal Jesús Izaguirre, que fue el que entró en la Diputación, en compañía del inspector de policía Antonio Nieto, no hubiese pasado a desempeñar el mismo puesto en Vitoria. Antes de marcharse puso una larga lista de deberes para que los hiciesen en el juzgado en que quedó el asunto, pero el caso no llegó a avanzar prácticamente ni un milímetro, entre otras razones porque a la jueza a la que le correspondía el caso se le acumularon los asuntos de carácter mercantil y su juzgado es el único que hay en la provincia para este tipo de cuestiones. Es posible que la operación precisase por una temporada de un juez exclusivo para reflotarla, aunque ahora puede que ya que sea muy tarde. Algunos abogados consultados ayer expresaron que no había interés ninguno por el caso, con excepción de echarle tierra. «La operación Muralla es un cadáver maloliente», apuntó un letrado.
Uno de los problemas fundamentales con los que se toparon las personas con cometidos de investigación e instrucción fue el gran volumen de documentación y la falta de peritos especializados en la capital lucense para la revisión de los documentos.
Los detenidos
En el marco de la operación habían sido detenidas nueve personas. Todas ellas quedaron en libertad después de prestar declaración. Algunas tuvieron que depositar fianza. Su situación es incómoda. Desconocen lo que pasará y, sobre todo, no dan crédito -eso dijo el letrado de una de ellas- a que todavía no hubieran tenido la oportunidad de defenderse «y aportar pruebas de su inocencia».
Entre las personas detenidas figuraba el que era jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación y que un año antes se había jubilado. También fue ordenada la detención del que le sustituyó en el cargo. En la lista también estaban las esposas de ambos porque, supuestamente, tendrían algún tipo de relación con la oficina técnica que previamente había sido registrada.
Asimismo detuvieron a personas relacionadas con la empresa Setramur, dedicada a la colocación de señales en las vías de la Diputación.