Las informaciones publicadas en su momento sobre la operación Muralla y la trama montada en la Diputación de Lugo motivaron que su presidente de entonces, Francisco Cacharro, encargara una página de publicidad para lamentar «las inexactitudes» y la «falta de verdad». En dicha página decía que hablar de trama era una «expresión ridícula, teniendo en cuenta el montante económico resultante y sobre todo, la circunstancia de que todos los contratos se ajustan absolutamente a la Ley de Contratos».
El expresidente de la Diputación se refería en todo momento al Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales (PIEL) correspondiente a los años 1991 y 1995. Nada apuntaba con relación a los demás, cuya documentación estaba en poder del fiscal.
Según Cacharro, solo en dicho plan pagó en concepto de trabajos de asistencia técnica 146.489 euros, «lo que equivale una media anual de 36.000 euros». Recordaba también que en ese plan le dio 88 contratos a las dos personas que ahora la Brigada de Blanqueo de Capitales considera como testaferros de Senén Prieto Ingeniería S.?L. Esas adjudicaciones sumaron un total de 82.597 euros. Personas ajenas a la trama consiguieron en el citado plan 49 contratos, por un importe de 63.891 euros.
«A Senén Prieto Ingeniería S.?L. esta Diputación no le ha contratado NADA. [así figuraba en el anuncio, con mayúsculas]. La Diputación de Lugo contrató diversas direcciones de obras del PIEL con varios profesionales (ingenieros de caminos) autónomos, entre los que se encontraban el señor Cacicedo y el señor Álvarez)», decía la publicidad de Cacharro. Los especialistas en delitos económicos concluyen ahora que la Diputación lucense hacía los pagos en dos cuentas cuyos titulares eran los presuntos testaferros, Cacicedo y Álvarez. Finalmente, el dinero acababa transferido a las cuentas de Senén Prieto S.?L.