Las partes cuestionan la pericial económica y la de un ingeniero que asesoró al Gobierno
17 oct 2012 . Actualizado a las 11:24 h.Apenas hay alguien que no haya sido herido por el Prestige. Los hubo que dieron por perdida una playa de la infancia, algún rincón rocoso de la adolescencia, la batea del abuelo, el pan de cada día en las rompientes de O Roncudo. Todo el mundo fue tocado en mayor o en menor medida por una marea negra insolente, que venía a quedarse sobre la huella de otras muchas. Todas estas frustraciones compartidas explican las expectativas por el juicio que ayer empezó en A Coruña, con tres jubilados en el banquillo -el capitán Mangouras, el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors- que apenas se miraron a la cara. Entre los tres suman 221 años.
Aunque la apariencia del juicio es la de un pequeño Núremberg, hay que recordar que aquí nadie ha matado a nadie y que el salvamento de los 27 miembros de la tripulación del buque se hizo sin mancha. A veces es necesario relativizar: el holocausto es exclusivamente medioambiental. Así que de aquí a abril habrá que responder a unas preguntas que quizás no tengan finalmente una respuesta diáfana. ¿Estaba el Prestige en un estado que no hacía recomendable un viaje transoceánico? ¿Conocía Mangouras el supuesto mal estado estructural? ¿Desobedecieron el capitán y el jefe de máquinas a la autoridad marítima y retrasaron el remolque? ¿Agravó el Gobierno el impacto al alejar el buque? ¿Lo hizo sin apoyarse en asesoramientos técnicos?
Todas estas preguntas empezaron a enunciarse ayer cuando el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, pronunció dos palabras esperadas durante 10 años: «audiencia pública». Los 200 asientos para el público se quedaron largos. Apenas veinte personas en las bancadas.
Más de 4.000 millones
Tras el recordatorio de las acusaciones, el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, anunció la presentación del informe definitivo de impacto encargado por la Fiscalía. Se eleva la cantidad inicial de 2.200 a 4.442 millones, «pues se tiene en cuenta no solo los intereses privados, sino el impacto medioambiental en los intereses públicos, más difusos». En definitiva, se pone un precio a lo que normalmente no lo tiene: toda la costa desde A Guarda hasta Brest, en la Bretaña francesa.
Después llegaron los ataques dialécticos al corazón de una instrucción judicial que duró diez años, a los dos pilares técnicos de la causa: la pericial técnica sobre el estado del petrolero y la valoración contable de los daños. Solo queda a salvo la pericial de navegación.
El letrado de Nunca Máis, Pedro Trepat, inició una cadena de peticiones de nulidad de la principal pericia técnica, realizada por el ingeniero naval Santiago Martín Criado, fallecido en abril del 2011 y que por tanto no estará en la sala para someter su prueba a contradicción. Pero hay más. Durante la instrucción se descubrió que este ingeniero había formado parte del equipo técnico que participaba en las reuniones del gabinete de crisis en la delegación del Gobierno, en A Coruña. Trepat recordó que el perito «ocultó su asistencia a las reuniones» y su mera participación es, a su juicio, razón suficiente para excluir la prueba, pues su imparcialidad está en cuestión. Hasta una docena de acusaciones particulares suscribieron esta propuesta.
La espita de la pericial económica la abrió el abogado del Estado encargado de ejercer la acusación. Aseguró que el informe «no tiene motivación suficiente», es «lacónico» y en algunos casos solo acepta el 20 % de los gastos de algunos ministerios. Buena parte de las acusaciones también cuestionaron lo cicatero que era el informe para empresas y familias afectadas. El tribunal deberá decidir si anula ambas pruebas.