El Concello de O Grove, que gobierna el PP, mantiene la acusación contra López Sors
GALICIA
Es la única institución gallega que pide responsabilidades penales al director de la Marina Mercante con Aznar
19 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El juicio abierto por la Audiencia Provincial de A Coruña para determinar las responsabilidades de los tres acusados -Apostolos Mangouras, capitán del buque, Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, y José Luis López Sors González, director de la Marina Mercante en noviembre del 2002- en el catastrófico despropósito del Prestige reserva alguna que otra sorpresa entre la multitud de folios que componen su sumario. Una de ellas consiste en comprobar que, pese a que todos los ayuntamientos gallegos que se abren al mar se vieron afectados en mayor o menor medida por las oleadas de chapapote, solo dos de ellos, el de O Grove y el de Arteixo, se han personado como acusación en este proceso.
El caso del municipio arousano resulta particularmente llamativo, puesto que se trata de la única institución pública gallega que exige responsabilidades penales al responsable de Marina Mercante en aquel Gobierno que presidía José María Aznar. Tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña, el Concello de Arteixo y el propio Estado figuran en la amplísima relación de acusaciones inscritas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión. Sin embargo, ninguno de ellos actúa contra López Sors. Sus peticiones se centran en Mangouras y Argyropoulos. La lectura política no es menos reseñable: el gobierno local de O Grove está liderado por el Partido Popular, al que pertenece el alcalde, Miguel Ángel Pérez, la misma formación que en su día designó a López Sors, el único cargo político que se sienta en el banquillo diez años más tarde.
En el decenio transcurrido desde que las tripas del petrolero vomitaron fuel sobre Galicia, el Concello meco experimentó dos cambios de color. Cuando llegó el chapapote, gobernaba ya el Ayuntamiento el popular Miguel Pérez. En el 2007 sustituyó al PP un tripartito formado por PSOE, BNG y Esquerda Unida. Fueron ellos los encargados de formular la acusación. Cuatro años después, Pérez recuperó el bastón de mando. Y, aunque sustituyó al abogado que defendía los intereses municipales, el regidor decidió mantener la reclamación judicial en sus mismos términos: atribuir a Sors un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La escasa presencia de las Administraciones gallegas en el proceso contrasta, por lo demás, con la decidida actuación emprendida desde Francia. Además de 16 ayuntamientos y del Estado, el consejo regional de Bretaña, el consejo general de La Vendée y siete comunidades francesas se han personado como acusación.
En la causa se han personado 16 ayuntamientos franceses frente a solo dos gallegos
El municipio arousano le atribuye un delito contra el medio ambiente