El nuevo protocolo integra a militares, científicos y técnicos en el consejo asesor, y el director de la Marina Mercante decidiría sobre el refugio
16 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno entierra al fin el cuestionado modelo que inspiró la gestión del Prestige con un nuevo protocolo de actuación, el Sistema Nacional de Respuesta, que consagra al ministro de Fomento como coordinador y mando único en un suceso de estas características. A simple vista parecería que España opta por un diseño de respuesta al más alto nivel político frente al modelo de autoridad independiente que propugna la Unión Europea. Pero no es así. El ministro de turno tendría funciones estrictas de coordinación, mientras que el director general de la Marina Mercante conservaría la potestad para decidir si se refugia o no un buque en peligro. Estos poderes se los otorga una ley aprobada por el Gobierno de Zapatero en septiembre del 2011, en la que incluso se especifica que este alto cargo podría llegar a «imponer» su decisión, por encima de consideraciones políticas. La ley es lógicamente de mayor rango que un decreto y si un ministro hace caso omiso de estos preceptos podría incurrir en prevaricación.
Ana Pastor sería por tanto desde hoy -el real decreto se publicó ayer en el BOE- la coordinadora general de un suceso con alerta nivel 3, el máximo estado de alarma que activa toda la maquinaria estatal para combatir un episodio de contaminación. El ejemplo palmario sería un caso como el del Prestige, donde hay un riesgo de contaminación de varias comunidades e incluso de países vecinos. El responsable de Fomento sería el coordinador de la lucha contra un vertido iniciado en el mar. Pero si la contaminación tiene su origen en tierra la responsabilidad recaería en el ministro de Agricultura y Medio Ambiente. En una circunstancia como un accidente con carga química peligrosa (Casón) o que sea necesario evacuar a la población (Mar Egeo), el coordinador sería el ministro del Interior.
El Sistema Nacional de Respuesta se despliega a partir de una orden del coordinador general en cuatro estamentos intercomunicados. Por un lado, el consejo de dirección, que en realidad es el gabinete de crisis que gestionaría la emergencia. En este órgano estaría el director general de la Marina Mercante con sus potestades operativas autónomas. Pero también se integra a las Fuerzas Armadas -con el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada- y al director general de Política de Defensa, así como a los directores de los planes territoriales y locales que estén activados.
En el consejo técnico-asesor es donde se más se nota la impronta de los errores en la gestión del Prestige, pues se incluye a un elenco técnico y científico que no se tuvo demasiado en cuenta en la marea negra del 2002. Estas personas analizarán el producto contaminante, el medio afectado «o cualquier otro aspecto que pudiera resultar relevante para la toma de decisiones». También proporcionarían asistencia jurídica con la presencia de un abogado del Estado.
En este órgano estarán los responsables de centros estatales como el Instituto Español de Oceanografía, la Agencia Estatal de Meteorología, el Cedex, el CSIC y Salvamento Marítimo, o las personas en las que ellos deleguen. Aquí también tienen cabida las Fuerzas Armadas, con el jefe de operaciones de la Armada o un representante de la Unidad Militar de Emergencias.
La estructura de respuesta se completa con el consejo económico, que analizará en tiempo real las pérdidas ocasionadas por el vertido y, en paralelo, gestionará las reclamaciones judiciales o las dirigidas a los fondos internacionales de compensación. Finalmente habrá un centro de información que se encargará de la relación con los medios de comunicación.