El interrogatorio de la mañana estuvo dedicado al convenio con Aquagest y a otras adjudicaciones relacionadas con el sistema de gestión de las multas, otorgada a la firma catalana GRS Arc Local, objeto de investigación en la operación Manga. También fue interrogado sobre el servicio de grúa y el cobro de la ORA que, en su momento, adjudicó a Setex Aparki.
El exregidor compostelano reconoció dichas adjudicaciones. Sin embargo, expresó que él no las había gestionado, sino que fue el equipo técnico municipal el que se encargó de cotejar las condiciones y también los contratos. En cualquier caso, Conde Roa expresó que él no cometió ningún tipo de irregularidad porque no se benefició, en ningún momento, de las adjudicaciones que fueron realizadas durante su corto mandato en el consistorio.
La primera fase de la declaración duró desde las once menos cuarto de la mañana a las cuatro de la tarde. La segunda se inició sobre las siete menos cuarto y remató sobre las ocho. Esta sesión de tarde estuvo reservada prácticamente en exclusiva a los interrogatorios relativos a las cuestiones urbanísticas y más en concreto a la denominada Finca do Espiño, parcela que en la época del socialista Bugallo fue recalificada para permitir su urbanización, pero limitándola a su uso residencial y a cambio de 2,3 millones de la promotora Layetana.
Según algunas fuentes, Gerardo Conde Roa fue claro y tajante en este asunto al asegurar que había sido una decisión del equipo de gobierno anterior. Es más, recordó que él fue quien había iniciado los trámites para ejecutar una sentencia que obligaba a pagarle a la institución municipal algo más de dos millones de euros.