El delito de tráfico de influencias implica penas de seis meses a dos años
12 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa especial contra el exministro José Blanco dio el paso que era obvio que iba a dar: elevar a la Sala de lo Penal la propuesta para que solicite el suplicatorio al Congreso y se permita que el ex vicesecretario general del PSOE pueda seguir siendo investigado y en su caso juzgado por un supuesto delito de tráfico de influencias.
El tipo que regula el artículo 428 del Código Penal impone penas de seis meses a dos años, que se impondrían en su mitad superior si se consigue el objetivo pretendido, en este caso la licencia para la construcción de una nave logística de Azkar en Sant Boi (Barcelona) que fue denegada a su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de esta empresa, en cuatro ocasiones a lo largo del 2010.
Finalmente, el permiso fue concedido el 7 de marzo del 2011, tras «el sorprendente cambio de criterio del técnico municipal» -se especifica en el auto-, ocurrido tras una reunión celebrada el 9 de febrero del 2011. En este encuentro, el entonces secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, habló con el alcalde de Sant Boi -de su mismo partido, el PSC- «por encargo» de José Blanco, asegura el juez instructor José Ramón Soriano, quien basa casi todas las conclusiones de su auto en las conversaciones que fueron intervenidas a José Antonio Orozco en el marco de la investigación de la operación Campeón y que basaron la exposición razonada que motivó la apertura de la causa en el Supremo. Esto lleva al magistrado a concluir que el actual diputado del PSOE «intervino notoriamente» en el proceso para que se otorgara la licencia.
El presunto objetivo -la licencia ambiental y de obra para la nave de Azkar- fue conseguido, pero aún es pronto para hablar de penas de cárcel. La Sala tiene que asumir el criterio del magistrado instructor, algo que suele darse por hecho. También hay que esperar a que la defensa de Blanco prepare su recurso de apelación y que la Sala de Recursos decida al respecto, aunque es posible que el suplicatorio sea tramitado antes. Una vez concedido por el Congreso, las actuales diligencias previas se transformarán en un procedimiento abreviado en el que se continuará con la investigación. Y solo al final la Fiscalía concretará su acusación y la petición de penas o el sobreseimiento.
El rumbo de la investigación
En el auto notificado ayer se incluye parte de la petición del fiscal, en la que circunscribe a los delitos de tráfico de influencias y prevaricación (este último descartado tras un recurso de la defensa de Blanco) la petición de suplicatorio «a la vista del estado actual de la investigación». No obstante, el fiscal matiza que el trámite para que el Congreso decida sobre la causa contra Blanco sigue su curso «sin perjuicio de que [la investigación] continúe en comprobación de indicios que permitan sustentar con mayor solidez uno de los delitos (cohecho) por los que se incoó esta causa especial». Se refiere en concreto a los 200.000 euros que el empresario imputado Jorge Dorribo aseguró haber entregado al entonces exministro en la gasolinera de Guitiriz. La defensa de José Blanco considera que el delito de cohecho ha sido descartado y, en su opinión, no podría continuarse con la investigación una vez concedido el suplicatorio.