El fiscal exculpa al Estado pese a entender las críticas por el «Prestige»
GALICIA
Cree que la acusación contra López Sors está «vacía de contenido» porque no vulneró leyes
20 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Álvaro García Ortiz es una de esas decenas de personas que andan por el mundo que estarán vinculadas para siempre con el caso Prestige. Aparte del fiscal, y con más razón, están tipos como el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el capitán Apostolos Mangouras y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos. Ayer, en su informe final, el representante del ministerio público destacó la «dignidad impecable» de los acusados al soportar la pena de banquillo durante casi ocho meses, recordó al perito fallecido Santiago Martín Criado y construyó su discurso sobre dos aparentes contradicciones: exculpar a López Sors -y por tanto a la Administración- pese a entender las críticas a la gestión política y mediática del Gobierno de Aznar; y solicitar 12 años de cárcel para Mangouras al tiempo que pedía al tribunal que no ingrese en la cárcel. Así desmadejó las supuestas paradojas.
El Estado
«La tragedia del director general es que tenía que tomar una decisión dramática». Álvaro García Ortiz justificó por primera vez por qué no acusa al ex director general de la Marina Mercante y argumentó que la acusación contra López Sors «está vacía de contenido» porque no vulneró ninguna ley. Eso sí, matizó que la Fiscalía simpatiza con Nunca Máis en las críticas a la gestión política o el tratamiento mediático de la marea negra.
«La tragedia del director general -dijo- es que tenía que tomar una decisión dramática» entre alejar y refugiar el buque, y aún hoy, recordó, hay opiniones técnicas que respaldan la una y la otra. «Diez años después ni siquiera estamos de acuerdo. ¿Es eso una imprudencia del Código Penal?», se preguntó.
El fiscal afirmó que con las fuentes de información de las que disponía, Sors prefirió evitar que el buque se rompiera cerca de la costa «porque el riesgo era altísimo; sus ingenieros navales se lo decían y él mismo es ingeniero naval». Si lo hubiera refugiado, sería contra los consejos de su círculo más cercano.
Y se preguntó sobre la potestad que tenía López Sors para determinar qué zona de la costa se sacrificaba y todos los problemas sociales que esto acarrearía. «Esto no es una decisión técnica, es una decisión política», concluyó. Eso sí, reconoció que funcionarios del ámbito del salvamento optaban por el refugio, frente a los ingenieros navales que apoyaban alejarlo. «El director general tenía las dos visiones», aclaró. El buque tardó cinco días en hundirse. Pero estaba obligado a «cerrar el puente» para evitar que cayese al paso de los coches, emulando la metáfora de un ingeniero de la Administración.
Recordó además que el Prestige «no era un león con collar, era un león suelto» y que llevar el barco a una zona de abrigo, decidir una zona de sacrificio, «sí que podría haber sido objeto de incriminación penal», pues el buque seguía vertiendo fuel.
El capitán
«No queremos que Mangouras pase ni un solo día más de su vida en prisión». Al final de su intervención, el representante de la Fiscalía desenredó la segunda paradoja, ya adelantada por La Voz, consistente en pedir al tribunal que rebaje «en todo lo que quiera» la pena de 12 años que pide el propio fiscal por puro tecnicismo jurídico. «No sería sensato, razonable ni sostenible», dijo, que el capitán pase «un día más de su vida en prisión», no solo por su edad (78 años), sino por su digno sometimiento al tribunal. El fiscal no destinó mucho tiempo a desgranar su calificación penal contra el capitán. Constató que el buque estaba en muy mal estado y que Mangouras «lo sabía». E incidió en que con la consulta a su armador sobre el remolque y el consiguiente retraso en la operación «acentuó el riesgo y no colaboró en nada». «¿Y si el armador dice que no se da remolque? ¿Qué se hace?», se preguntó. También criticó la actitud del capitán en las inspecciones a menudo negligentes, evitando que se revisaran los tanques de lastre, «con una extrema fragilidad».
El buque y su entorno
«Mangouras es el único que se manchó las manos». El fiscal constató que hay responsabilidades en el entorno del propietario del buque que no serán depuradas. «Mangouras es el único que se manchó las manos y el único que está aquí, quizás debería haber más gente. Pero a quien tenemos es a esa persona», dijo para justificar su acusación como instrumento jurídico para lograr compensaciones de ese entorno en el ámbito civil. Frente a la idea transmitida por la defensa de un «pobre capitán» enfrentado a una Administración «todopoderosa y conspirativa», García Ortiz dio la vuelta a la tortilla: «Es el mundo del transporte marítimo fraudulento contra un pobre país ribereño». Para el fiscal, la causa no investiga un accidente, sino «un crimen», y el delito no es tanto medioambiental como «económico».
El juicio y las pruebas
Contraataque frente a las sospechas de que el proceso no sea justo. García Ortiz fue duro con el abogado de Mangouras, José María Ruiz Soroa, quien al principio del proceso dudó de que España pudiera garantizar un juicio justo al capitán. El fiscal criticó estas sospechas, defendió «la legitimidad del Estado para ejercer sus potestades», defendió a los funcionarios y criticó una postura que surge «como si la división de poderes no existiera».
El representante del ministerio público defendió la incautación de documentos del buque, unas pruebas clave que la defensa cuestiona, y exculpó al Gobierno de sus mediciones en el pecio «porque no era un bien decomisado».