Galicia ha demostrado su capacidad para salir airosa de su causa judicial más compleja
14 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.el «prestige», a juicio
De las decenas de variables que podrían haber convertido el macrojuicio del Prestige en un fracaso no se ha presentado ninguna. La organización material, a cargo de la Xunta y los responsables de Expocoruña, fue impecable. Y en el plano jurídico, el tribunal ha proporcionado tanto a acusaciones como a defensas un proceso con garantías. El papel del presidente de la sala, Juan Luis Pía, fue todo menos intervencionista y las partes pudieron preguntar y repreguntar con una libertad inédita en otros plenarios. La orientación garantista fue crucial, pues la defensa del capitán llegó a decir que España no estaba preparada para ofrecer un juicio justo a Mangouras. El letrado Ruiz Soroa tuvo que retirar esta grave acusación, no tanto porque haya dejado de pensarlo, sino porque sabía que el tribunal estaba muy molesto con las dudas que se cernieron sobre su independencia, algo que no ocultaron en un auto de octubre del 2012. La sospecha de que los poderes del Estado planean sobre esta causa siempre ha estado presente. Hay muchos orgullos y, sobre todo, mucho dinero en juego. Pero las quejas estuvieron presentes hasta el final y el abogado del capitán, en su informe, recriminó a la sala que no compareciera ningún testigo de la defensa.
las premisas
Dos formas de entender lo progresista. Pocos achacarían tendencias conservadoras al fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, recién elegido presidente de la Unión Progresista de Fiscales a nivel nacional. Sin embargo, el representante del ministerio público no cree que ese progresismo haya que demostrarlo acusando al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Su análisis es estrictamente jurídico, pues considera que su decisión de alejar el barco no vulnera ninguna ley. Pero admite que otra cosa son la desorganización, el engaño y cierta desidia en la gestión de la crisis. Comparte esa sensación generalizada, pero no ve delito. Nunca Máis tiene otra perspectiva. El alejamiento es lo que provoca la afección a los espacios naturales protegidos y esto en sí mismo ya es punible. Y la diligencia que se presupone a los servidores públicos debía haber activado los dispositivos de asesoramiento que prevé el Plan de Contingencias para que la decisión no sea acaparada por el poder político, sino que la esfera técnica también tenga algo que decir.
En esta causa ha confluido un progresismo que pone su énfasis en el capitalismo global y salvaje que llevaba el peor fuel en los peores barcos, algo que la defensa de Mangouras explica en las propias inercias del mercado. Y otra facción progresista, representada por Nunca Máis, que insiste en controlar a un poder que considera arbitrario, que no da la cara y que toma las decisiones con el menor coste a corto plazo. Pero lo interesante es no confundirse con las verdaderas víctimas. Algunos se casaron por simpatía o corporativismo con el capitán y cayeron en el tópico del chivo expiatorio. Otros siempre tuvieron claro que las víctimas fueron los países ribereños: España y Francia.
la orden y el método
Alejar como consigna política. El juicio ha demostrado claramente la división existente entre los altos funcionarios del salvamento, que defendían el refugio, y la esfera política de Marina Mercante, dispuesta a alejar el barco tras el dictamen infausto de los ingenieros navales. El propio fiscal admite que la decisión de mandar el barco al quinto pino es estrictamente política y que el refugio, que varios peritos demostraron que podría llevarse a cabo, traería peores consecuencias jurídicas para el Estado. Quizás los que en el 2002 protestaban por el alejamiento verían llevar el buque a una ría como una agresión directa del Estado a las costas gallegas. El agravio se visualizaría aún más, y también su instrumentalización política. Pero en el juicio han aflorado los disidentes del salvamento, testigos en puestos cruciales que no habrían dudado en abrigar el buque. De cara al futuro, y después de este juicio -sobre todo si la sentencia condena al ex cargo público-, quizás un alejamiento a ninguna parte no vuelva a plantearse como opción. España puede legítimamente negar el refugio, pero la alternativa no puede ser un petrolero deambulando frente a la costa. El barco tenía una reserva de resistencia estructural, como prueban los seis días de periplo. Pero la tesis de la Administración fue el riesgo cero: había que cerrar al tráfico un puente con posibilidades de derrumbarse.
A estas alturas está claro que el Plan de Contingencias, la norma que se otorgó Fomento para lidiar con estos accidentes, no fue tenida en cuenta, siguiendo esa consigna no escrita de que los protocolos están para incumplirse. De ahí que sea obvio concluir que el personalismo y lo arbitrario dominaron la gestión. El reflejo político triunfó sobre el método.
el capitán
La acusación instrumental. Mangouras retrasó el remolque con sus consultas al armador, aunque no queda claro qué se hubiera ganado enganchando el petrolero en la tarde del día 13. Alguien con retranca diría que se llegaría unas horas antes a Groenlandia. Pero la extraña actitud de la tripulación en diversos episodios generó una desconfianza en la Administración que era insuperable y probablemente evitó que se reevaluara la decisión de alejar el Prestige cuando acabó el riesgo de que encallara en la costa de Muxía. Esa desconfianza se mantuvo con Smit, que nunca planteó un plan de salvamento serio para el Prestige quizás porque daba el petrolero por perdido.
Sobre el delito medioambiental, está claro que Mangouras no es un ingeniero naval, pero sí un capitán con experiencia que podía intuir los defectos de un barco de la misma forma que lo hizo su antecesor, Kostazos, al margen de que su testimonio tuviera ciertas contradicciones. A estas alturas, además, es difícil defender sin ruborizarse que el buque estaba en buen estado y teorías como la de la ola gigante reflejan la desesperación del entorno del armador por defender lo indefendible. Mangouras incluso participó de forma activa en Dubái para que los inspectores no revisaran los tanques de lastre, el verdadero centro de debilidad del petrolero. Ordenó llenarlos con agua para eludir el reconocimiento. No obstante, la acusación contra Mangouras es puramente instrumental, para que alguien de su entorno empresarial responda económicamente por el desastre.
la compensación
El dilema de la aseguradora. Tiene razón el abogado del capitán cuando dice que este juicio penal se montó en realidad para buscar una compensación por el desastre, porque en realidad los delitos no están tan claros. Y también dice lo correcto Zamora Terrés cuando alegó que el caso podría haberse resuelto por lo civil. El tribunal tiene ahora un dilema: la ley le obliga a aplicar unos tratados internacionales que son claramente insuficientes porque limitan la responsabilidad de los actores. Y, por otro lado, la Fiscalía y el Estado ven factible aplicar la legislación doméstica para intentar lograr una compensación de 1.000 millones acudiendo a la póliza del seguro. Esta vía es incierta y probablemente acabaría en un conflicto jurisdiccional con el Reino Unido, pues el London P&I Club, la única empresa solvente, se ha blindado con un laudo judicial en el Reino Unido. La vertiente civil del proceso, desgraciadamente, aún tendrá un recorrido de años una vez que haya sentencia. Y no hay garantías de éxito.
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