No ha gustado mucho en el Gobierno y en el PP que el juez se centrara en los responsables actuales de la seguridad ferroviaria y despreciara a los antecesores como eventuales imputados. Hay que volver la mirada atrás y recordar que el presidente del ADIF y la ministra de Fomento narraron con todo lujo de detalles cómo fue el proceso para poner en servicio en diciembre del 2011 el tramo Santiago-Ourense. En aquel momento lo hicieron con guante blanco, dando por hecho que todo se hizo con respeto por las normas y con el beneplácito técnico. Quizás por eso los antiguos cargos del PSOE en Fomento no se lo tomaron tan mal. De hecho, ni siquiera vieron una acusación velada en el recordatorio.
Pero este pacto de no agresión entre los dos principales partidos políticos con respecto al accidente de Angrois ha terminado pronto. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró ayer que el juez deberá determinar «si tuvo algo que ver» con el accidente «el hecho de que el proyecto inicial se modificara para acabarlo antes y cortar la cinta», dijo, aunque después matizó que prefería pensar que nadie tomó ninguna decisión «que pudiera afectar a la seguridad del tren y de sus usuarios por el hecho de modificar ese trazado y adelantar la apertura de ese tramo». Esta acusación ya más directa, aunque también matizada, tuvo inmediata respuesta por parte del PSOE. La secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, pidió a Hernando que sea prudente, que «se informe» y que «lea» el auto del juez antes de hablar de responsabilidades.