El mundo marítimo teme las repercusiones económicas de la sentencia del «Prestige»
12 nov 2013 . Actualizado a las 15:33 h.Galicia está hoy mucho mejor preparada materialmente para enfrentarse a otra marea negra de las destructivas. Sus costas están ahora protegidas por los mejores remolcadores de Europa, hay una base logística en Fene para combatir vertidos y los sistemas de vigilancia y organización también han dado un salto adelante. Además, la crisis ha forzado la disminución del tráfico de buques frente a Fisterra: los 43.209 que pasaban el año del accidente del Prestige -un 30 % con mercancías peligrosas- se han reducido en más de 6.600. La industria del transporte de hidrocarburos también ha hecho sacrificios: ya no hay petroleros monocasco en viajes transoceánicos y se ha aumentado el fondo de indemnización hasta cerca de los 1.000 millones de euros, más cercano a la enorme capacidad de transporte de los nuevos superpetroleros.
La posibilidad de que España esquive el convenio internacional -algo impensable pero posible para el mundo marítimo- y mire hacia su propia legislación para lograr romper los límites de indemnización, algo que de alguna manera ya se había intentado en la sentencia del Mar Egeo, es una posibilidad que se ve con preocupación en el potente lobby marítimo, el inmenso conglomerado de empresas que sostienen con sus barcos la globalización de la economía.
En estos foros se teme que el tribunal, en la sentencia que se conocerá mañana, siga la propuesta de la Fiscalía para optar a los 1.000 millones de la póliza suscrita entre el armador y la aseguradora, el London P&I Club, con la estrategia de buscar la responsabilidad directa del seguro. Esta cifra es bastante superior a los 22 millones en los que se limita la responsabilidad del seguro y del armador y los 151 adicionales que aporta el fondo del Fidac. La aseguradora y el armador ya veían venir esto hace unos meses, por lo que intentaron blindar su responsabilidad civil mediante un arbitraje en Londres que no es reconocido por el Gobierno español.
Cualquier movimiento en esta dirección pasa por la condena «instrumental» del capitán del buque. Pero fuentes del sector alertan de las consecuencias económicas de esta solución: subida de los seguros marítimos, su repercusión en los fletes y por tanto en los precios.