Las regiones españolas rechazan las condiciones de la UE para recibir los fondos de cohesión

El Comité de las Regiones escenificó ayer en Bruselas su rechazo a la controvertida «condicionalidad macroeconómica», una medida incluida en la nueva política de cohesión que permitirá congelar durante los próximos siete años las ayudas europeas a aquellos países que no controlen el déficit, como es el caso de España. Esta situación podría poner en peligro los 2.771 millones de euros que Galicia prevé recibir hasta el 2020.

Ramón Luis Valcárcel, presidente de la institución, denunció ayer en el pleno este instrumento que calificó de «desmedido, ineficaz e injusto» y anunció que están estudiando vías legales para conseguir su inoperancia: «No se nos puede castigar por algo de lo que no somos responsables. Agrandarán la herida de los que ya están sufriendo mucho», alertó.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara, Danuta Hübner, trató de justificar la concesión que hizo durante las negociaciones con el Consejo en esta materia y aseguró que los Estados miembros obligaron al Parlamento a aceptar este instrumento sancionador «en contra de nuestra voluntad», amenazando con aplazar la aprobación de los presupuestos y poniendo en riesgo el futuro de programas de ayudas e inversión.

Ante la preocupación de las regiones, Hübner aseguró que las salvaguardas que el Parlamento logró incluir en el acuerdo harán muy difícil que se cumpla una suspensión temporal de los fondos: «Se tendrá en cuenta el porcentaje de desempleo, la duración de la recesión económica y el nivel de pobreza antes de tomar una decisión que deberán negociar con nosotros».

Más allá del rechazo que ha generado esta condicionalidad en las regiones europeas y en la Eurocámara, el reglamento no se modificará: «No me pidan que lo cambie, está hecho y hecho queda», concluyó Hübner, que lamentó la reducción que impuso el Consejo en la dotación del Fondo Social Europeo (FSE), del que se nutrirán muchas iniciativas de empleo.

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