La iniciativa quiere que se procure el «resarcimiento económico íntegro» de todas las administraciones y particulares
19 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Senado vivió ayer un debate pasional entre el PSOE y el PP suscitado por la sentencia del Prestige, pero que sin embargo confluyó en un acuerdo entre los dos grandes partidos sobre aspectos relevantes relacionados con la seguridad marítima y con las secuelas judiciales del fallo. La iniciativa, que partió originalmente del PSOE, fue ligeramente retocada en una propuesta de modificación elaborada por los populares que después se asumió por asentimiento. Se trata de un texto con once puntos en el que se insta al Gobierno a que, una vez resuelto el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se estudien todo tipo de acciones judiciales en instancias nacionales, europeas e internacionales, siempre que los servicios jurídicos del Estado lo vean factible. El objetivo es que se procure el «resarcimiento económico íntegro» de todas las administraciones y particulares, algo que tras la sentencia solo se podrá lograr parcialmente a través del Fidac. Como contrapunto, PP y PSOE reclaman que se apliquen todas las medidas legislativas «que terminen con la impunidad», en cumplimiento del principio de que «quien contamina paga».
El texto también sugiere al Gobierno medidas concretas relacionadas con la lucha contra los vertidos marinos, como la aprobación «a la mayor brevedad» del Plan Estatal de la Rivera del Mar y Lucha contra la Contaminación, así como la coordinación entre administraciones o intensificar esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea.
Planes de refugio
También se insta al Ministerio de Fomento para que desarrolle los planes de acogida para los buques necesitados de refugio, un punto que, a pesar de la polémica suscitada al respecto en el caso del Prestige, también fue asumido por los populares. Mientras que los socialistas pretendían promover una nueva expedición para inspeccionar el pecio del Prestige, el texto final se queda en lo que ya se está haciendo: monitorizar eventuales escapes de fuel a través del control por satélite que realiza la Agencia Europea de Seguridad Marítima.
También se ha pactado un seguimiento sanitario de las personas que participaron en la recogida de fuel en la costa, ante los distintos informes que alertaron de riesgos para la salud.
Los senadores socialistas Paula Fernández y Ricardo Varela acusaron al Gobierno de no haber hecho todo lo posible judicialmente para evitar una sentencia que es «patente de corso para delincuentes medioambientales». Enrique López Veiga (PP), conselleiro de Pesca durante la marea negra, defendió una vez más la decisión de alejar el barco -leyó incluso párrafos de la sentencia- y la actitud que tuvo entonces el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que se dijeron, aseguró, «una inmensidad de falsedades». «El error fue la cacería contra un Gobierno», dijo.