La Audiencia de Lugo absuelve después de más de seis años de proceso a los 23 acusados al considerar nula la actuación de la jueza Estela San José
26 jun 2014 . Actualizado a las 15:31 h.Las 23 personas que finalmente fueron juzgadas dentro de lo que se denominó la trama de las multas de Lugo quedaron absueltas porque la Audiencia Provincial lucense estima que «todas las pruebas presentadas fueron obtenidas de modo procesalmente irregular». Durante los seis años largos que duró el procedimiento, en el que se vieron involucrados numerosos cargos políticos, ni la propia Audiencia ni la Fiscalía frenaron la investigación.
El hallazgo de indicios de irregularidades se produjo durante una investigación sobre tráfico de drogas encargada por la jueza Estela San José Asensio. La magistrada, dice la sentencia, tenía que haber desgajado la pieza y haberla enviado al Decanato para su reparto entre los tres juzgados de instrucción de Lugo. En lugar de hacerlo, siguió con las escuchas y ordenó un registro en Tráfico.
«Clara infracción»
Así lo explica el ponente en su fallo: «No existe conexidad alguna entre ambas presuntas infracciones -el delito de tráfico de estupefacientes que investigaba San José y el de cohecho que descubrió casualmente en el curso de aquella operación-, lo que [...] debió llevar a la oportuna deducción de testimonio y remisión de este al Decanato para su posterior asignación al correspondiente juzgado de instrucción». Esa actuación implicó «una clara infracción del derecho al juez predeterminado por la ley», continúa la sentencia, que señala que la situación procesal irregular se vio agravada por el hecho de que el Ministerio Fiscal, «en cumplimiento de su función de defensa de la legalidad», instó a la jueza a que iniciase un nuevo procedimiento, «solicitando tal actuación no solo en una, sino en dos ocasiones».
El ponente, que no entra a valorar los hechos juzgados, declara la nulidad de actuaciones, «lo que implica la nulidad de las pruebas obtenidas y, por ello, la imposibilidad de su aplicación respecto de los acusados [...]. Todas las pruebas presentadas fueron obtenidas de modo procesalmente irregular [...] teniendo su origen en intervenciones telefónicas mantenidas de forma irregular por un órgano judicial que ya no debía conocer del asunto».
El caso, una vez cerrado y antes de llegar a juicio, anduvo dando tumbos. Llegó con 78 imputados a la Fiscalía y, después de estar atascado meses, el ministerio público hizo una criba. Dejó a 24, para los cuales pidió inicialmente duras penas. Por el camino nadie se enteró de que uno de los implicados, José Ramón Val Alonso, era parlamentario socialista y cuando el asunto entraba ya en fase de juicio hubo que darle traslado de su caso al TSXG. Ahora también tendrá que ser absuelto.
Finalmente, los acusados se sentaron en el banquillo, pero muchos de ellos con peticiones de pena muy reducidas. La investigación le costó el puesto al que era subdelegado del Gobierno, Jesús Otero Calvo. El entonces jefe provincial de Tráfico, Julio González, también fue apartado de este cometido años después. El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, al que retiraron la acusación en el último minuto, acabó dejando el PSOE por haber sido imputado.
Los acusados lamentan el daño
Muchos de los acusados lamentaron ayer el daño que les causó el proceso. «É un día de satisfacción, pero non tanto polo moito que sufrín», declaró el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero. «Lo mucho que sufrimos antes ya nadie nos lo quita», indicó Issam Alnagm, alcalde de Muras. El parlamentario socialista Val Alonso aseguró: «Eu sigo tranquilo». «Hai cousas que é mellor dixerir antes», dijo el exedil lucense José Rábade Arias.